Rego propone cambiar la ley para blindar el derecho de los menores de 12 años a ser escuchados por la Justicia
La reforma eliminará el límite de edad de doce años para escuchar a los niños y que sea obligatorio escucharlos en cualquier proceso conflictivo, como el decidir sobre su custodia.
El Ministerio de Juventud e Infancia presenta este miércoles la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que recoge la obligatoriedad de escuchar a niñas, niños y adolescentes en caso de conflicto sin límite de edad en los procesos judiciales -ahora lo es a partir de los 12 años- y que tengan su propio abogado, que podrá asignarse por turno de oficio.
Son algunas de las claves del anteproyecto que está culminando el ministerio de Sira Rego para llevarlo al Consejo de Ministros este mes de octubre, una norma que reconoce al menor como sujeto activo de derechos y refuerza su participación en la toma de decisiones de los procesos que le afectan, amparado por profesionales especializados.
La reforma incluirá que los menores tengan su propia defensa siempre que haya una causa con conflicto entre los progenitores para que no haya interferencias en su testimonio.
Procesos más adaptados
La reforma persigue que los procesos estén adaptados para que el menor entienda el lenguaje o que el niño pueda elegir el sexo de la persona que le entrevista cuando sea posible durante el proceso, como profesionales de psicología o policías, que puede resultar especialmente relevante en casos en que sean víctimas de violencia sexual.
La reforma también contempla que en casos de sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual, se prevea la suspensión de la patria potestad sin excepción.
Para evitar la revictimización y que el menor tenga que volver a declarar en el juicio, se propone quitar el límite de edad para la prueba preconstituida.Recogerá, además, la definición de violencia institucional, ya que a día de hoy solo hay dos comunidades autónomas que la reconozcan y quieren que se recoja a nivel estatal.
Obligatoria la especialización en infancia
El ministerio quiere impulsar que sea obligatoria la formación en infancia de todos profesionales que intervienen en procesos y litigios que afecten a menores en cualquier ámbito, educativo, sanitario, servicios sociales o judicial a través de un plan director de formación.
El objetivo es trasladar ese plan a la Conferencia Sectorial para que sea aprobado junto a las comunidades autónomas que tienen la mayoría de las competencias en esos ámbitos.
El departamento de Rego destaca la importancia de la labor que pueden realizar esos profesionales en la detección de esas situaciones de violencia y cree necesario no solo esa formación sino también el constante reciclaje.
Otra de las novedades del anteproyecto es la creación de un coordinador de bienestar en los centros de protección de menores, similar a la figura que existe en los centros escolares.