La respuesta del Gobierno a la creciente presión migratoria sobre Ceuta entra en una nueva fase. El Ejecutivo ha decidido movilizar unidades de las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de seguridad en la ciudad autónoma, dentro de un amplio operativo que también contempla el envío de más agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como el refuerzo de los medios marítimos y aéreos desplegados en la frontera.
La medida llega después del aumento de las entradas irregulares registradas en los últimos días y del compromiso adquirido por el Ejecutivo de recuperar cuanto antes la normalidad en Ceuta mediante un dispositivo coordinado con Marruecos y el refuerzo de los recursos del Estado.
Según ha informado el Gobierno, las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Guardia Civil para reforzar las tareas de seguridad y aquellas funciones que resulten necesarias para garantizar el orden en la ciudad autónoma.
El despliegue estará coordinado por el Mando de Operaciones y tendrá carácter complementario, de forma que los militares respaldarán el trabajo de los agentes del Instituto Armado, que seguirán siendo los responsables de la vigilancia fronteriza y del control de la situación.
La incorporación del Ejército supone uno de los movimientos más relevantes adoptados por el Ejecutivo desde el inicio del actual episodio de presión migratoria y busca aumentar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad sobre el terreno.
El operativo contempla un importante incremento de efectivos de la Guardia Civil. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) que ya prestaban servicio permanente en la vigilancia de la frontera se ha sumado un nuevo pelotón de 20 efectivos, mientras que en las próximas horas llegarán otros dos, elevando el refuerzo en esta unidad hasta los 60 guardias civiles adicionales.
La Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta también verá aumentada su plantilla con la incorporación de 30 agentes procedentes de distintas comandancias de Andalucía.
En el ámbito marítimo, el Instituto Armado desplegará dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho especialistas, que apoyarán las labores de vigilancia y rescate.
A ello se añadirá la llegada del buque oceánico Duque de Ahumada, prevista para la madrugada del 31 de julio, que reforzará la flota ya destinada en Ceuta, compuesta por dos embarcaciones medias y cuatro lanchas tipo zodiac.
El Ministerio del Interior también ha anunciado la incorporación en los próximos días de nuevos patrones de embarcación, mecánicos-marineros y pilotos de drones para reforzar las capacidades del Servicio Marítimo, además del despliegue de un helicóptero del Servicio Aéreo.
El dispositivo incluye igualmente un importante refuerzo de la Policía Nacional. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo especializado para apoyar la identificación y documentación de las personas que lleguen a la ciudad autónoma.
En paralelo, las unidades de Seguridad Ciudadana incrementarán su capacidad operativa mediante la ampliación de turnos extraordinarios para los agentes destinados en Ceuta.
Además, este jueves se han incorporado tres equipos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Sevilla. En los próximos días se sumarán nuevos contingentes desplazados desde la UIP Central y desde Málaga hasta completar un despliegue de 200 agentes de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que centrarán su actividad en las labores de seguridad ciudadana.
La movilización de militares y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se produce mientras el Gobierno mantiene una estrecha coordinación con Marruecos para contener los intentos de entrada irregular.
En las últimas horas, el Ejecutivo ha defendido la cooperación con Rabat, ha atribuido el aumento de la presión migratoria a las redes de tráfico de personas y ha anunciado un acuerdo para acelerar la entrega de quienes accedan ilegalmente a Ceuta, siempre dentro del marco legal vigente.
Con este dispositivo, el Gobierno busca reforzar el control de la frontera, garantizar la seguridad en la ciudad autónoma y responder con mayores capacidades operativas a una de las mayores presiones migratorias registradas en la frontera sur en los últimos años.