El nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, retoma el proyecto de Ley de Familias, que aprobó en primera vuelta el consejo de ministros, con Ione Belarra como ministra, pero cuya tramitación decayó con la convocatoria electoral. Algunas de las medidas se incluyeron en un Real Decreto aprobado por el Gobierno en junio.
Por ejemplo, la ampliación del permiso retribuido por accidente o enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o el permiso retribuido de cuatro días que permite al trabajador ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes e imprevisibles.
La prioridad ahora de Bustinduy es aprobar en bloque la Ley de Familias con dos importantes novedades: la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas y la reformulación del permiso parental que permiten a padres y madres tener ocho semanas de permiso por hijo durante los primeros 8 años de vida. En cumplimiento con el acuerdo de Gobierno y de una directiva del Parlamento Europeo, se remunerarán 4 de las 8 semanas. Hasta ahora -y desde el pasado mes de junio- los padres podían optar a esas ocho semanas pero sin remuneración, en una situación similar a la de la excedencia.
Es un derecho individual del trabajador y no podrá transferirse su ejercicio. Se podrá disfrutar de forma continua o discontinua y a tiempo de jornada parcial o completa. El trabajador deberá especificar la fecha de inicio y fin con una antelación de diez días.
Según ha explicado el ministro en Julia en la Onda, "es un salto cualitativo. Significa ampliar el espectro de los derechos sociales, ampliar la protección familiar y permitir que se incorpore a la normalidad de nuestra vida algo tan sencillo como poder disfrutar de tiempo para educar a nuestros hijos, para estar en casa y para simultanear la vida profesional y familiar, que la vida no sea una carrera de obstáculos permanentes".
La medida, que comenzará en enero de nuevo su tramitación legislativa, estará en vigor, según el compromiso con Europa, antes del 1 de agosto. Será la Seguridad Social la que abone el sueldo como una prestación más.
En materia de consumo, el ministro mantiene su intención de aprobar en 2024 la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que establece plazos máximos de espera por parte de las empresas para responder reclamaciones y consultas telefónicas. Las primeras, 15 días; las llamadas, no más de 3 minutos.