El Gobierno aplaza a septiembre la aprobación del decreto de vivienda ante la falta de apoyos
La reforma incluye medidas contra los alquileres turísticos sin licencias y un endurecimiento de las sanciones económicas.
El Gobierno ha acordado posponer la aprobación del real decreto-ley de vivienda, cuya aprobación estaba prevista para este martes, 28 de julio de 2026, en el Consejo de Ministros, y aplazarla hasta septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios para garantizar su convalidación en el Congreso, según fuentes del Ministerio de Vivienda.
Tras semanas de intensas negociaciones con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo "amplio" y "transversal", el Ejecutivo sigue sin contar con los cuatro votos imprescindibles de Podemos. Este partido político se niega a respaldar el decreto porque incluye una reforma de la Ley del Suelo que, a su juicio, favorece los "pelotazos urbanísticos" y la "especulación".
Pese a ello, el Ministerio de Vivienda se reafirma en que es posible "sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible". "La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", señalan las citadas fuentes.
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido conceder unas semanas más a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios derivados de la emergencia climática.
Sumar abre la puerta a un acuerdo
La anterior derrota parlamentaria, provocada por los votos en contra de Junts y la abstención del PNV, llevó a Sumar a renunciar a lo que hasta ese momento habían sido sus líneas rojas, como las deducciones fiscales, con el objetivo de reeditar su decreto y facilitar una negociación con Junts.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aprovechó esa negociación para impulsar una reforma más profunda del mercado del alquiler, bloqueada hasta entonces por Junts, y para recuperar tanto sus medidas fiscales como las modificaciones de la Ley del Suelo que el bloque de izquierdas había impedido aprobar durante la legislatura.
El objetivo de las medidas es contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de la vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes que el 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación y beneficios fiscales a los propietarios que bajen la renta.
El borrador de decreto también contempla aplicar un IVA general del 21% para los alquileres turísticos, con el objetivo de desincentivar ese uso y favorecer que parte de esa oferta se destine al alquiler residencial.
Asimismo, a petición de EH Bildu, el texto incluye un endurecimiento de las sanciones económicas para las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro, que podrían llegar al millón de euros.