FACUA advierte de los chiringuitos con el datáfono "averiado" de forma continuada
Decir que "no se puede pagar con tarjeta" se ha convertido en una práctica habitual en algunos locales, si no se avisa se puede denunciar.
Ante la oleada de clientes en locales de hostelería durante la época estival, algunos de estos aprovechan la oportunidad para llevar a cabo métodos poco ortodoxos. Recurren a la picaresca para conseguir ahorrarse la comisión de venta que perciben los bancos al utilizar los datáfonos como vía de pago.
FACUA Consumidores en Acción ha advertido de la práctica de algunos chiringuitos y terrazas en verano de imponer como única forma de pago el efectivo, alegando que tienen el datáfono o TPV (Terminal Punto de Venta) averiado de forma permanente, quitando la opción de que sea un caso aislado. Lo que supone un problema para el cliente que cada vez emplea menos el dinero físico.
Según ha informado la organización de consumidores en un comunicado, si a la entrada de un establecimiento hay un cartel donde indican que aceptan pagos con tarjeta, será el cliente quien decida cómo abonar el importe de la cuenta y que en ningún caso se puede obligar a un usuario a pagar una cuenta en efectivo si antes se le ha informado de que el cobro con tarjeta es posible.
Si en el establecimiento no aceptan esta forma de pago por alguna razón, debe facilitar una cuenta bancaria para que se le haga una transferencia o un número de móvil para abonar el importe por Bizum.
"Más allá de que sea cierto o no que el datáfono no funcione, FACUA ha localizado algunos de estos establecimientos en los que el cartel que informa sobre esta avería está plastificado o incluso enmarcado y con polvo encima", ha denunciado la asociación de consumidores, que ha precisado que, en estos supuestos, "es evidente de que no se trata de un fallo puntual del dispositivo de pago con tarjeta, sino de una práctica habitual por parte del propietario del establecimiento".
La asociación ha informado de que, en estos casos, el consumidor puede denunciar los hechos ante el organismo de consumo de su comunidad autónoma por la posible existencia de una infracción y poner los hechos en conocimiento de Hacienda, ante la posibilidad de que el establecimiento en cuestión solo acepte pagos en efectivo para eludir declarar una parte de sus ingresos.