La crítica realidad de las cárceles españolas: "Cada 18 o 20 horas un trabajador de prisiones es agredido"
Jorge Vilas, responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF, denuncia en La Brújula que las cárceles españolas atraviesan una situación límite por la falta de personal, el hacinamiento y una normativa "anticuada". El sindicato celebra el avance que supondrá reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, pero reclama una reforma mucho más profunda del sistema penitenciario.
La radiografía que dibuja Jorge Vilas sobre las prisiones españolas es la de un sistema tensionado al límite. En una entrevista en La Brújula, el responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF denuncia una combinación explosiva de falta de personal, hacinamiento, agresiones recurrentes y una normativa que, a su juicio, ha quedado desfasada frente a la realidad de las cárceles.
Una realidad invisibilizada
Vilas lamentó que la actualidad penitenciaria solo suele aparecer en la agenda informativa cuando se producen sucesos graves. A su juicio, la sociedad termina olvidando que las personas internas siguen en prisión y que los trabajadores deben desarrollar su labor en un entorno complejo, con incidentes constantes y una presión creciente sobre la plantilla.
El responsable de CSIF sostuvo que el problema no se reduce a episodios aislados, sino que responde a una acumulación de factores que desembocan en agresiones y conflictos dentro de los centros. Entre ellos citó el aumento del número de internos, el hacinamiento, la mala clasificación de algunos presos y la insuficiencia de efectivos en prácticamente todas las áreas.
Falta de personal y hacinamiento
Según explicó, en los dos últimos años las prisiones españolas han incorporado 6.200 internos más, sin contar el impacto que tendrá la ley de reincidencia aprobada en abril. Ese incremento, señaló, ha provocado más tensión interna y ha agravado una situación que ya era delicada por la escasez de personal.
Vilas subrayó que la falta de trabajadores no afecta solo a vigilancia, sino también a los servicios médicos, al área de tratamiento y a otros departamentos esenciales. Incluso denunció que existen módulos cerrados que podrían abrirse si se reforzaran las plantillas, algo que para CSIF demuestra que el problema no es solo de espacio, sino también de recursos humanos.
Un sistema antiguo
El representante sindical defendió que la normativa penitenciaria se ha quedado atrás respecto a la realidad actual. Recordó que la base legal sigue apoyándose en una ley orgánica de finales de los años 70 y en un reglamento de comienzos de los 80, unas herramientas que, en su opinión, ya no responden a la tipología de internos y a los retos de hoy.
Entre esos nuevos perfiles mencionó internos con problemas psiquiátricos, bandas organizadas y presos vinculados a la violencia de género, además de otros factores que complican la convivencia en prisión. En ese contexto, reclamó la apertura de más centros psiquiátricos penitenciarios, especialmente en el norte de España, porque considera que muchas enfermerías están funcionando como espacios psiquiátricos encubiertos.
El avance de agentes de autoridad
Vilas valoró positivamente la reforma que prevé reforzar la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios mediante su reconocimiento como agentes de la autoridad. Lo consideró un paso adelante y un reconocimiento profesional, aunque insuficiente para resolver por sí solo los problemas estructurales del sistema.
También denunció que, en casos de agresión o daños materiales sufridos por los trabajadores, la administración no siempre cubre las consecuencias económicas. Puso como ejemplo roturas de gafas o relojes en incidentes con internos que luego se declaran insolventes, dejando al empleado sin resarcimiento.
Llamamiento político
El responsable de CSIF pidió a Interior y al conjunto del arco parlamentario que aprovechen el consenso alcanzado para impulsar una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria. A su juicio, el debate sobre prisiones no debería tratarse como una cuestión partidista, sino como una política de Estado.
Insistió en que la función penitenciaria es un servicio esencial para la sociedad, porque los funcionarios trabajan con personas cuya privación de libertad ha sido decidida por un juez. Por eso reclamó una modernización profunda de la institución que, en su opinión, beneficiaría no solo a los trabajadores, sino también al conjunto de la sociedad.