Uno de los argumentos recurrentes de quienes se oponen a acoger en su ciudad o comunidad a los menores inmigrantes que ahora tutela Canarias es el que los vincula con un supuesto aumento de la delincuencia, como se pudo ver en los recientes hechos ocurridos en la localidad cántabra de Cartes.
¿Tiene esa afirmación base? Los diputados del Parlamento Europeo que visitaron en septiembre las islas para conocer la situación de la Ruta Canaria (entre ellos, tres españoles, de PSOE, PP y Vox) se lo preguntaron directamente a la fiscal de Menores del Supremo, Teresa Gisbert, y la fiscal superior de la comunidad, María Farnés Martínez.
La entrevista con ellas fue a puerta cerrada, pero los eurodiputados han recogido su respuesta en el informe de 37 páginas que han publicado esta semana con las recomendaciones que hace la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a la propia Unión Europea y las autoridades españolas sobre la migración y Canarias.
Las dos fiscales, explica el informe, corroboraron a la delegación europea que "se ha producido un aumento de la delincuencia (en Canarias) tras la llegada de menores no acompañados", pero con este matiz: "Los delitos se cometen principalmente contra ellos".
"Si bien los ponentes reconocen que algunos menores migrantes pueden cometer delitos, hacen hincapié en que la mayoría son víctimas de delitos como la explotación, sexual y laboral", añade el texto.
¿Y qué delitos están sufriendo los menores africanos acogidos en Canarias? Teresa Gisbert y María Farnés Martínez también dieron a los diputados detalles al respecto: el informe de su visita a Canarias relata que les citaron "peleas, insultos y agresiones sexuales, que se producen principalmente en los centros de acogida".
Cuando estos seis eurodiputados visitaron las islas (septiembre de 2025), la Policía Canaria y el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria -el único de España especializado en esa materia- ya habían puesto en marcha la operación que derivó en la clausura de cuatro centros de acogida de menores, por presuntos delitos de malos tratos y racismo contra ellos.
La propia fiscal superior de Canarias les mencionó la razón de esos cierres: abusos cometidos por personal de los centros contra los menores migrantes de los que legalmente tenían que cuidar.
Por su parte, la fiscal Gisbert respondió al eurodiputado que interpelaba sobre "los MENAs" por qué ni la Fiscalía ni ella misma utilizan ya ese acrónimo de menores extranjeros no acompañados, aunque el aludido, Jorge Buxadé, de Vox, defendiera que ese término "no es racista ni xenófobo" y "está internacionalmente aceptado".
La Fiscalía española, le dijo su representante en materia de Menores a Buxadé, "rechaza firmemente el uso del término MENA, por considerarlo deshumanizante y por centrarse en su condición de extranjeros y no en su vulnerabilidad como menores", además de porque considera que ese tipo de uso ha provocado que algunos ciudadanos "vinculen ese concepto con delitos o situaciones problemáticas".