Madrid |
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para endurecer el control sobre las redes sociales y llegar incluso a exigir responsabilidades penales a los altos ejecutivos de las grandes plataformas choca con Bruselas. La Comisión Europea ha dejado claro que los Estados miembros no pueden ir más allá del marco fijado por la Ley de Servicios Digitales (DSA) ni imponer obligaciones adicionales a las compañías tecnológicas o a quienes las dirigen.
El portavoz europeo de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, subraya que la normativa europea excluye la posibilidad de que los gobiernos actúen de forma unilateral. "No queremos proteger solo a los niños en España, sino a 450 millones de ciudadanos y no hay necesidad de intervenir en la normativa europea", ha afirmado.
Sánchez anunció su intención de impulsar una ley específica para imponer responsabilidades penales a los ejecutivos de las grandes plataformas por los contenidos ilícitos que circulan en sus redes, una iniciativa que, según la Comisión, es "claramente inviable". Bruselas celebra que países como España quieran regular el sector y acabar con un escenario de "salvaje Oeste" digital, pero aclara que la responsabilidad es de las plataformas, no de sus directivos a título individual.
"¿Si un CEO es responsable de lo que se publica online? Es muy difícil. Por esa razón la DSA no hace investigaciones penales. No atacamos individuos, nos centramos en las plataformas", ha explicado Regnier. Incluso en casos de manipulación algorítmica, la rendición de cuentas recae sobre la empresa, no sobre la persona que la dirige.
La Comisión también ha advertido de que cualquier iniciativa nacional deberá encajar estrictamente dentro de la DSA. "No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA", ha insistido el portavoz, que señaka que, por ahora, no existe un texto legislativo español que pueda ser analizado por Bruselas.
Donde sí encuentra respaldo europeo el Gobierno es en la fijación de una edad mínima para acceder a las redes sociales. La Comisión aplaude que España "se una al club" de países como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria, que ya trabajan en la prohibición del acceso a menores de 16 años.
La potestad para establecer esa edad mínima corresponde a los Estados miembros, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas y las eventuales sanciones recaen en la Comisión. En este contexto, España participa desde hace meses en un proyecto piloto europeo para una aplicación común de verificación de edad, que previsiblemente estará disponible en las tiendas de aplicaciones a partir de marzo.
Las plataformas no estarán obligadas a usar esa herramienta concreta, pero sí deberán demostrar que cualquier sistema alternativo ofrece garantías equivalentes para cumplir tanto la normativa nacional como la europea.