Comienza el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en un tanatorio de Valladolid: "Todo mentira"

La Audiencia Provincial de Valladolid ha iniciado este lunes el macrojuicio por el conocido caso del cambiazo de ataúdes, una presunta estafa funeraria que habría afectado a miles de personas durante dos décadas. En el banquillo se sientan 23 acusados, entre ellos miembros de la familia propietaria del grupo funerario investigado y varios trabajadores, para quienes la Fiscalía solicita penas que en conjunto superan los 200 años de prisión.

No se sentará en el banquillo Ignacio Morchón Alonso, el que era propietario del negocio y presunto cabecilla, fallecido hace ya tres años. Tampoco lo hará Justo Martín, el trabajador que se encargó de recopilar toda la información sobre cómo funcionaba la trama. Apareció ahorcado en el patio de su casa, en el pueblo vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

¿Cómo funcionaba la trama?

La familia Morchón llevaba al menos veinte años operando bajo un sistema fraudulento en el que los ataúdes comprados por las familias eran retirados justo antes de la cremación. Los cuerpos eran introducidos en el horno en cajas más baratas o incluso sobre tablones, mientras que los féretros originales se limpiaban y se revendían posteriormente como nuevos.

En una de las notas de Justo se podía leer que "los meten al horno, cuando se van, los vuelven a sacar, pues en el horno no se encienden los quemadores, solo los ventiladores para que hagan ruido y parezca que están incinerando. Todo mentira". Según el escrito de acusación, para evitar sospechas se impedía a los familiares presenciar la entrada del ataúd al horno crematorio.

Los investigadores estiman que se llegó a realizar la estafa con un total de 5.973 cadáveres, es decir, más del 73% de las incineraciones que tuvieron luchar en dicho tanatorio durante esas dos décadas, lo que habría generado un beneficio superior a 4 millones de euros para la empresa funeraria. Entre los objetos incautados por la policía se encuentran los 26 cuadernos escritos a mano y en letra mayúscula, por Justo Martín, además de 14 carretes con 450 fotografías de los fallecidos.

Entre los datos recopilados se encontraba la fecha de la incineración, el nombre completo del difunto, su DNI, la edad, el estado civil, la ciudad de donde provenía y escribía al lado "C. SI" si se le había dado el cambiazo de ataúd o "C. NO" en caso contrario. Por lo que se puede observar, era realmente meticuloso.

Justo Martín e Ignacio Morchón, los dos ausentes en el juicio

Justo Martín comenzó a trabajar en el Grupo Funerario El Salvador en 1995, gracias a un favor de Ignacio Morchón, propietario de la empresa. Tras veinte años como operador de crematorio en los que fue apuntando cada una de las estafas realizadas por su jefe, se pudo jubilar para disfrutar de una aparente tranquilidad. Todo lo contrario.

El trabajador, disconforme con la jubilación que le había quedado, le reclamó a Ignacio una cantidad de dinero, correspondiente a las ganancias que su jefe había podido obtener por intercambiar ataúdes caros por otros más baratos. Así lo recoge la sentencia por la que Justo Martín fue condenado en abril de 2018 a un año de prisión por extorsión, tras ser denunciado por amenazas por Ignacio Morchón. Años después, en el verano de 2024, Justo Martín apareció ahorcado en el patio de su casa tras destapar todo el entramado del 'caso ataúdes'.

Si se confirman los hechos, el caso supondría uno de los mayores escándalos en el sector funerario en España. Las acusaciones incluyen delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y atentado contra el respeto a los difuntos.