Madrid |
El Pleno del Congreso ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que supone una refundación del modelo de cuidados en España, por el que se otorgan más derechos y prestaciones, así como menos burocracia a las personas en situación de dependencia y con discapacidad, según el documento redactado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La reforma va acompañada del real decreto-ley aprobado por el Gobierno en julio por el que las comunidades autónomas van a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Por este motivo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido que reduzcan las listas de espera: "Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028".
En lo relativo a la ley de dependencia, la reforma garantiza que las personas afectadas puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya incompatibilidad entre ellas, por ejemplo, una persona que se queda en casa puede acudir también a un centro de día o solicitar la teleasistencia.
En cuanto a esto último, es un derecho que será reconocido "de facto" a toda persona que tenga reconocida una dependencia. Igualmente, en cuanto al servicio a domicilio, la reforma señala que una persona que no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia.
La ley también garantiza que la Administración General del Estado (AGE) abone las cotizaciones de las cuidadoras principales. En cuanto al plazo de resolución para reconocer la situación de dependencia, se verá reducido de seis a tres meses.
En cuanto a la ley de discapacidad, el principal cambio es que a toda persona a la que se le reconozca un grado I de dependencia le será reconocido un 33% de discapacidad, y las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65%.
A las personas con discapacidad, además, les será reconocida la accesibilidad universal como un derecho y podrán reclamar accesibilidad en edificios o servicios públicos, como instalar rampas para sillas de ruedas, audiodescripciones...
En relación con este punto, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita.
Otros cambios son la regulación de un facilitador procesal en los juicios para evitar que las personas con discapacidad sufran situaciones de indefensión y se prohíbe a los seguros de hogar o de salud subir los precios a las personas con discapacidad.