Prohens reitera que el Govern agotará las vías legales para evitar la llegada de 49 menores
Este jueves 28 de agosto entra en vigor el decreto de reparto de menores migrantes con la mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en contra y recursos presentados ante la justicia. Ceuta y Canarias ya han solicitado la declaración de contingencia migratoria para iniciar los traslados que se comenzarán a estudiar a partir del próximo martes.
Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular denuncian la invasión de competencias y exigen saber los criterios por los que Cataluña y el País Vasco se quedan fuera de este proceso de distribución de menores, que consideran opaco y discriminatorio. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista García Page señala la saturación de sus centros, quienes también cifran en 400 millones la cuantía necesaria para hacerse cargo de los 322 niños de los que deben hacerse cargo. Según estipula el Real Decreto aprobado, el Ejecutivo únicamente aportará 100 millones de euros a repartir entre todos los territorios. La Comunidad de Madrid ha recurrido el decreto ante el Tribunal Supremo, al igual que Baleares que ha solicitado la suspensión cautelar de la norma.
Frente a las críticas, el Gobierno ha advertido a las comunidades autónomas de que con la entrada en vigor hoy del decreto están obligadas a cumplir la ley y a acoger en sus centros a los menores que irán saliendo de Canarias y previsiblemente de las ciudades autónomas. El ministro de política Territorial, Ángel Víctor Torres, decía ayer en TVE que no le cabe otra opción que no sea la de que todos cumpla con la norma.
El gobierno del archipiélago canario y el de Ceuta ya han solicitado la activación de las declaraciones de contingencia migratoria para que puedan comenzar los traslados de los menores.
Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las Islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.
La intención del Govern es presentar esta declaración porque los Consells insulares, competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000 %.
Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
El sistema de reubicación de los menores cuenta con la oposición del PP y de las comunidades en las que gobierna, además de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.