Lo han declarado a los medios los concejales de ambos distritos, Eloi Badia y Janet Sanz, y el comisionado de Memoria del Ayuntamiento, Ricard Vinyes, tras asistir a la primera retirada de una, en la calle Còrsega, en Gràcia.
Vinyes ha explicado que la ley "pasa a las administraciones la responsabilidad de sacar del espacio público la simbología franquista", por lo que han realizado censos en todos los distritos y se está informando a las comunidades de vecinos de que se retirarán las placas.
Sin embargo, dos comunidades de propietarios se han mostrado contrarias a la retirada "Respetamos la decisión de la comunidad de vecinos", ha dicho Vinyes, y tampoco se retirarán las placas sin simbología franquista.
Más allá de unas 270 placas en el resto de Barcelona, el consistorio no tiene constancia de ningún otro resto de simbología de la dictadura en la ciudad y, según el comisionado, la retirada habrá finalizado "en el plazo de un año".
Algunas de las placas que constaban en los registros municipales ya habían sido retiradas por entidades o por los propios vecinos, ha añadido.
El concejal de Gràcia, Eloi Badia, ha cifrado en 163 las placas que hay en su distrito y ha dicho que se eliminarán en colaboración con un centro especial de trabajo.
Tras retirarse la primera en el número 399 de la calle Còrsega, ha celebrado haber dado "normalidad a una cosa que hace más de 40 años que se arrastraba".
La teniente de alcalde de Ecología y concejal de Nou Barris, Janet Sanz, ha explicado que no se podrán retirar 28 de las 232 plas de su distrito "porque no llevan las flechas y el yugo", así que no se consideran símbolo franquista según la Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque no ha habido ninguna comunidad de vecinos que haya expresado su disconformidad con eliminar las placas.
Según Sanz, fue una entidad de jóvenes la que instó al distrito a "liberar el espacio público" de símbolos de la dictadura, por lo que se encargó a la Asamblea de Parados de Nou Barris que realizara el censo, que estableció en 230 los símbolos restantes de los más de 700 que se creía que quedaban.
"Es un deber y obligación que tenemos la ciudad y los distritos de poner fin a este elemento anacrónico e inaceptable de existencia de placas franquistas", ha afirmado.