Se conceden la mitad de las eutanasias y un tercio de los solicitantes fallece durante la tramitación

Eskarne, una bilbaína de 86 años fue la primera persona en España que recibió -legalmente- ayuda para morir. En casa, rodeada de su familia, el fallecimiento se produjo el 23 de julio de 2021. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia llevaba apenas un mes en vigor. Eskarne cumplía el principal de los requisitos para acogerse a ella: sufrir una enfermedad grave e incurable con padecimiento severo, crónico e incapacitante. La tramitación de su caso fue rápida, demorada sólo por el precepto legal de solicitar el procedimiento dos veces con una separación de al menos quince días entre las solicitudes.

Tres años después de ese día son 685 personas las que han seguido el mismo camino. Con procesos muy diferentes porque, como denuncia la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), "existe una enorme desigualdad en el acceso a esta prestación entre distintos territorios". Llegan a hablar sus responsables de "maltrato y crueldad institucional" a enfermos que solicitan esta prestación incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Las demoras o los silencios administrativos añaden sufrimiento

"Existe maltrato institucional -denuncia Fernando Marín, vicepresidente de DMD,- cuando los gestores saben de una persona que quiere solicitar la ayuda para morir y nadie le hace caso o cuando la comisión de garantía y evaluación alarga los plazos y exige requisitos y formalidades más allá de lo que pide la ley o cuando se deniegan solicitudes con una argumentación arbitraria que no se corresponde con el espíritu de la ley".

En estos tres años el seguimiento de los casos por comunidades autónomas es complejo, ocho de ellas no han publicado ningún informe de evaluación, algunas no han enviado sus datos al Ministerio de Sanidad que hace un informe anual de datos y el porcentaje de concesiones también es desparejo. Las últimas cifras oficiales, de 2021 y 2022, reflejan que se llevan a término la mitad de las solicitudes, pero mientras en La Rioja se han concedido el 80%, Extremadura y Baleares sólo han dado el sí a una de cada tres.

Reprocha DMD que en las comisiones de garantía y evaluación participen objetores de conciencia "lo que hace que muchas veces estos órganos, que deberían ser sólo administrativos que verifiquen el cumplimiento de la ley, se estén comportando como tercer evaluador contradiciendo incluso las conclusiones de los clínicos que han intervenido en la deliberación del caso".

El tiempo medio desde la solicitud de la prestación hasta su resolución son 75 días y se deniegan alrededor del 20% de las peticiones. Un tercio de los enfermos fallece durante el proceso de tramitación. "Es fruto de la burocracia -explica la Asociación- el procedimiento no debería prolongarse más de 35 días".

Más hombres que mujeres, edad media 67 años y fallecen en casa

Con tres años de vigencia de la ley podemos saber que solicitan la eutanasia más hombres que mujeres (55% frente al 45%), que la mitad de los enfermos reciben la prestación en su domicilio y algo más de otro tercio, en un centro hospitalario. La edad media de quienes piden la ayuda para morir es de 67 años aunque se han recibido solicitudes de personas de menos de 30 años (4 entre 2021 y 2022) y también de ancianos de 97 años.

La patología base de las personas solicitantes ha sido la enfermedad neurológica (1 de cada cinco casos del total corresponden a enfermos de ELA), seguidas por casos de cáncer. Además hay solicitudes de enfermos con patologías respiratorias y cardíacas.

Donantes de órganos

Alrededor de un 14% de los solicitantes de la ayuda a morir se acogió al programa de donación de órganos, cifra que se tradujo, en 2022 en 49 donantes efectivos que pudieron donar 164 órganos y salvar o mejorar la vida de 135 receptores.

Para mejorar la prestación, la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha enviado al Ministerio de Sanidad un documento con 18 propuestas, entre ellas la elaboración de un modelo de informe común para todas las comunidades autónomas, la creación de una comisión estatal de la eutanasia y una revisión de los comités de garantía para excluir de ellos a objetores de conciencia.

La ley que regula la prestación de la ayuda a morir incluye en su articulado el derecho de los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. De hecho algunas comunidades han elaborado listas de objetores, algo que rechazan los colegios de médicos "por el carácter intimidatorio de esas listas".