Aumentan los tiempos de espera para conseguir una cita médica en el Sistema Nacional de Salud
Nueve días de media en Atención Primaria, más de tres meses para ver a un especialista y horas de espera en Urgencias. Son las demoras que registra el Sistema Nacional de Salud.
Madrid | 07.02.2024 13:02
¿Cómo funciona, a su juicio, el Sistema Nacional de Salud? Es una de las primeras cuestiones planteadas a los ciudadanos en una nueva oleada del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Entre las respuestas pre fijadas son mayoría (56,7%) los que consideran que funciona bien, aunque necesita algunos cambios. Son 15 puntos menos que los obtenidos, a la misma pregunta, en el barómetro de 2019.
Ahondando en los porqués de estas respuestas, la primera relación la encontramos con los tiempos de espera. En Atención Primaria sólo el 21% de los pacientes fueron atendidos en el día o al día siguiente de pedir cita. El resto tuvieron una demora media superior a los 9 días (dato que aumenta respecto de 2022). Y ya en consulta, el 18,8% de los usuarios tuvieron que esperar más de una hora en la sala de espera en su última vista a un centro de salud. La situación se complica más si hablamos de atención especializada por derivación ambulatoria. Los tiempos de espera superan los tres meses para el 38% de los usuarios.
En los servicios de urgencias hospitalarias, que es el menos valorado por la población en este barómetro, un 26% de los pacientes confirma un tiempo de espera inferior a una hora, el 47% hasta cuatro horas y un 21,4% entre cuatro y doce horas. A pesar de ello, el 75,2% de las personas que acudieron a un servicio de urgencias de la sanidad pública, valoran positivamente la atención recibida.
El principal problema, las listas de espera
El efecto de todo lo anterior es que la ciudadanía percibe, como uno de los problemas del Sistema Nacional de Salud, las listas de espera. El 33,9% de los usuarios piensa que la situación ha empeorado en el último año. El 43,5% cree que sigue igual. Sumados son siete puntos más que los obtenidos en las mismas preguntas en 2019.
Con estos datos no sorprende la aceptación, cada vez mayor, de la medicina privada. Un 30,9% de los ciudadanos dispone de un seguro médico privado (el 9,4% contratado por su empresa). Es un dato que aumenta de manera constante desde 2015. Cuestionados por las razones para la contratación, mayoritariamente responden "la rapidez en la atención". Sin embargo, al preguntar por la opción real de acudir a un centro público o privado, la mayoría se decanta por el público y la diferencia sólo se estrecha en atención especializada donde hasta un 39,5% de personas acudirían a un centro privado frente a un 57,2% que irían a uno público.
En esta edición, el Barómetro Sanitario pregunta por cómo afecta a los ciudadanos la situación de los centros de atención primaria. El 22,1% afirma que le afecta mucho o bastante y el 21,9% responde que le afecta algo. Las dos medidas que los usuarios valoran como más necesarias para mejorar la situación de Atención Primaria son: que se mantenga el mismo médico de cabecera, aumentar las plantillas de personal sanitario y dedicar más recursos económicos.
Dejar de tomar un medicamento por no poder pagarlo
Hay otro dato en la encuesta que empeora y que está directamente relacionado con la situación económica: el 3,6% de los entrevistados asegura haber dejado de tomar, por razones económicas, un medicamento recetado por un médico de la sanidad pública. Es casi un punto más que en el Barómetro de 2022.
Con todo, los usuarios del Sistema Nacional de Salud valoran positivamente su funcionamiento y le otorgan una nota de 6,2. Los servicios más valorados son las urgencias del 112 y el 061 y los ingresos y la asistencia en hospitales públicos. En Atención Primaria el 81,4% de los pacientes valoran positivamente las consultas médicas. Notas que responden, sobre todo, a la estima hacia los profesionales sanitarios.
Por último, y sobre el engranaje autonómico, confirman los ciudadanos que no termina de despegar las comunicaciones entre comunidades. Sólo el 37% conoce que médicos de otra comunidad autónoma pueden acceder a sus datos clínicos si los necesitan para su asistencia.