La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez aprobó el proyecto de ley contra el terrorismo y el blanqueo de dinero por 174 votos a favor y 10 abstenciones. Los 184 parlamentarios presentes en el hemiciclo, sobre 217 escaños, aceptaron la nueva ley antiterrorista pasada la medianoche y tras tres días de largos e intensos debates.
La nueva Ley prevé en tres de sus artículos aplicar la pena capital a "asesinos de personas que gocen de protección internacional, a autores de tomas de rehenes o de secuestros con muerte, así como a autores de violaciones enmarcados en un crimen terrorista".
Según asociaciones de defensa de los Derechos Humanos nacionales e internacionales la Ley abre la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte suspendida en el país desde 1991. La nueva ley sustituye a la de 2003 que fue muy criticada por servir al antiguo régimen del presidente Zín El Abidín Ben Alí para reprimir a la oposición en general y a los islamistas del Movimiento Al Nahda en especial.
Esta norma entra en vigor en un momento en el que el país aplica el estado de Emergencia tras los atentados del museo del Bardo y de un hotel de Susa, que costaron la vida a 59 turistas extranjeros. Túnez, que es uno de los principales exportadores de jóvenes yihadistas a los conflictos de Siria, Irak y Libia, mantiene en varios frentes su lucha contra las redes extremistas, en las regiones fronterizas con Argelia y Libia, de Yenduba, El Kef, Kaserín y Medenín.