La defensa de Lula había solicitado la suspensión cautelar de las investigaciones hasta que el Supremo se pronuncie sobre un posible conflicto de competencias, derivado del hecho que dos tribunales han abierto investigaciones paralelas para investigarle por su supuesta implicación en las corruptelas de la petrolera estatal Petrobras.
La investigación se desarrolla de forma paralela en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y en el Tribunal Federal de Curitiba, algo que, según la defensa de Lula, es ilegal puesto que ambas instancias tratan de los mismos hechos.
Al negar la petición, la jueza Rosa Weber afirmó que la petición de Lula no se justifica y negó el argumento de que el expresidente sea víctima de una "actividad persecutoria", según informó el Supremo.
Asimismo, la magistrada dio un plazo de diez días para escuchar a la Fiscalía de Sao Paulo antes de tomar una decisión sobre cuál de los tribunales es el competente.
Lula fue llevado a declarar por la Policía Federal a la comisaría del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, de donde salió tres horas después.
La Policía también realizó registros en domicilios de Lula, del instituto que dirige el expresidente, y en casas de sus familiares, con el objetivo de buscar pruebas sobre su supuesta implicación en el caso de corrupción de Petrobras.
La Fiscalía cree que el conjunto de indicios contra el exmandatario es "bastante significativo" y sostiene que el Instituto Lula recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de cinco empresas implicadas en los desvíos en Petrobras