El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha muerto este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara (oeste de Japón). Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos mientras ofrecía un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en Japón.
Al parecer, el autor de los disparos es un exmiembro de la Fuerza Marítima de Autodefensa de 41 años que ya ha sido detenido. El suceso ha sido tildado por el primer ministro japonés como un "acto bárbaro".
Los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, debido al bajo índice de criminalidad y de ataques con armas de fuego propios del país asiático. Esto choca con que Japón es el único miembro del G7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena de muerte.
Actualmente, el número total de presos a la espera en el corredor de la muerte en Japón asciende a 107. Entre 1946 y 1993, los tribunales japoneses condenaron a muerte a 766 personas, de los cuales fueron ejecutados 608.
En las últimas ejecuciones llevadas a cabo en el país nipón en diciembre de 2021, el titular de Justicia se mostró a favor de la pena de muerte para "crímenes que acarrean graves consecuencias" cuando asumió el cargo dos meses antes de esas ejecuciones. Por lo tanto, cabe esperar que al presunto asesino del ex primer ministro nipón se le imponga una condena dura.
La pena de muerte en Japón es legal en caso de homicidio o traición. Se establece normalmente en los casos de asesinatos múltiples con factores agravantes. Además, se ejerce de una forma sádica: los reclusos está privados de todo contacto con el mundo exterior y están en celdas del tamaño de un aseo y forzados a esperar su ejecución un promedio de siete años, aunque la orden puede darse en cualquier momento.
Muchos reclusos enloquecen por el estrés y la ansiedad que produce no saber cuándo acabarán con su vida. Las ejecuciones son secretas y cuando la orden llega los condenados no pueden decir adiós a sus familias antes de enfrentarse a la horca.
En Japón, los tribunales siguen una serie de pautas para determinar la pena: el grado de responsabilidad penal y un criterio de nueve puntos. Esta directriz ha sido seguida los casos de pena capital en Japón: