La audiencia fue aplazada después de que uno de los magistrados designados para la vista de López manifestara su indisposición física para asistir, explicó a los periodistas el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, en el Palacio de Justicia.
El Tribunal de Apelaciones que lleva el caso, dijo Gutiérrez, suspendió la audiencia prevista para hoy sin precisar una nueva fecha para la celebración de esa vista de juicio.
La suspensión de la audiencia coincide con la visita del exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el abogado español Javier Cremades, que llegaron ayer a Caracas para asesorar al equipo de defensa de López.
Gutiérrez, consultado sobre la vinculación que pudiera tener la llegada del exministro y del abogado español a la capital venezolana con la suspensión de la audiencia, indicó que "se han producido delaciones indebidas, pero más allá de eso se ha producido una vulneración sistemática de otros derechos vinculados al debido proceso".
El abogado reiteró nuevamente sus denuncias sobre el proceso que se lleva contra López, "un proceso judicial que nunca debe producirse dentro de un sistema que se considere democrático".
"El sistema de Justicia venezolano tiene que darle la cara al mundo y tiene que proceder de manera absolutamente independiente, de manera autónoma, de manera imparcial", dijo el abogado que encabeza el equipo que defiende a López desde hace más de dos año.
A juicio del letrado, "una simple lectura de las actas del expediente, en una simple revisión de las evidencias presentadas en el juicio, tendría que ser dictada por la Corte de Apelaciones la sentencia absolutoria de Leopoldo".
López cumple la pena en una prisión militar por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos, que dejaron tres muertos, registrados el 12 de febrero de 2014, al final de una marcha que es considerada el aldabonazo de las protestas de ese año.
El líder opositor se entregó a la policía seis días después, tras dictarse una orden de captura por su supuesta responsabilidad en la violencia que se produjo en aquella marcha antigubernamental, que se saldó con destrozos en la sede de la Fiscalía, tres muertos y decenas de heridos.