En un comunicado se indica que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó por unanimidad la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, que declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica. La nota recuerda que la norma está vigente desde que Maduro la dictó el pasado viernes: "Su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume", dice el comunicado.
El Supremo "apreció", además, que el estado de excepción "obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país". La Sala Constitucional, se señala en el comunicado publicado en la página web del TSJ "verificó" que el Decreto cumple con la Constitución, así como con "tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción".
Por estas razones, dice el Supremo, se dio este fallo a favor del decreto que permite al Ejecutivo "adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, tanto de índole climático (como) de económico y político". El TSJ menciona que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "nuevamente contrarió" la normativa cuando la Cámara legislativa rechazó el decreto hace dos días.
El Parlamento venezolano censuró "por inconstitucional" este decreto y por no establecer mecanismos para atender el desabastecimiento, la inseguridad y otros problemas que afectan a los ciudadanos. El decreto, publicado el lunes pasado en la Gaceta Oficial, permite "dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras", entre otros aspectos.
El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la "consideración" de que el Parlamento, cuya mayoría está en manos de la oposición, supuestamente pretende "el desconocimiento de todos los Poderes Públicos" y promueve "la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional". La ratificación del decreto de estado de excepción se produce mientras la oposición impulsa un referéndum para revocar el mandato del jefe de Estado.