Alfonso Rodríguez: "No hay relación entre migración y criminalidad, es una injusticia"
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha arremetido contra la sentencia dictada este viernes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestiona la definición de país seguro utilizada por su Gobierno. El fallo supone un revés para la controvertida política de expulsiones que Roma aplica a través de dos centros de internamiento que operan en Albania, financiados con fondos italianos para deportar a inmigrantes interceptados en el Mediterráneo que no obtienen derecho de asilo. En la lista italiana de países seguros figuran destinos como Egipto, Bangladesh o Túnez, territorios en los que diversas organizaciones de Derechos Humanos han documentado reiterados abusos y persecución contra minorías vulnerables.
En su dictamen, el TJUE señala que la designación de "país seguro" debe "ser objeto de un control judicial efectivo" y basarse en información "accesible" para la persona afectada. Meloni critica que la "sorprendente" decisión del TJUE implica que "la jurisdicción, esta vez europea, reclama derechos que no le corresponden, a pesar de sus responsabilidades políticas" y acaba transfiriendo a tribunales nacionales una decisión que afecta a la política migratoria del Gobierno.
En lo que concierne a la identificación de los países seguros, Meloni entiende que "la decisión de un juez nacional acaba prevaleciendo sobre los resultados de las complejas investigaciones realizadas por los ministerios competentes y evaluadas por el Parlamento soberano".
Para Meloni es una circunstancia que "debería preocupar a todos" porque "reduce aún más el ya limitado margen de maniobra de los gobiernos y parlamentos para regular y administrar la migración" y la decisión, en general, "debilita las políticas para combatir la inmigración ilegal masiva y proteger las fronteras nacionales".
Meloni ve "notable" que esto ocurra "apenas unos meses antes de la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre Inmigración y Asilo"; una nueva normativa que endurece los criterios para identificar a esos países. "Durante los diez meses que quedan para que el Pacto Europeo esté plenamente operativo, el Gobierno italiano seguirá buscando todas las soluciones posibles, tanto técnicas como regulatorias, para proteger la seguridad de los ciudadanos", ha concluido en su reacción, publicada en su cuenta de la red social X.