Más de 49.000 funcionarios turcos han sido suspendidos de empleo

La purga de supuestos cómplices en el fallido golpe de Estado del viernes en Turquía ha alcanzado hoy dimensiones de represalia con la suspensión de 15.000 funcionariosde Educación, la prohibición de viajar al extranjero de los empleados públicos y la retirada de licencia a 24 emisoras. "A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", anunció en un comunicado el Ministerio de Educación.

La investigación se refiere a su supuesta pertenencia a las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista. Esta "lista negra" de funcionarios se suma a los 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2.500 de otros organismos públicos que fueron ayer apartados del cargo.

No sólo los trabajadores públicos se han visto afectados por la purga. Unos 21.000 profesores de centros educativos privados han visto cómo se les retiraba hoy su licencia. El total de trabajadores, públicos o privados, que han sido suspendidos de empleo a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, calcula el diario Hürriyet. Las medidas excepcionales han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.

Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha cancelado las licencias a "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas", una medida que afecta a 24 medios vinculados al Gülen. Este influyente predicador, hasta hace apenas tres años estrecho aliado del ahora presidente turco, el también islamista Recep Tayyip Erdogan, es acusado por Ankara de haber orquestado el golpe usando a sus miles de seguidores "infiltrados" en la Administración pública.

Una infiltración que se produjo cuando Erdogan era aún primer ministro (2003 -2014) y los "gülenistas" comenzaron a desplazar, con su anuencia, en los órganos públicos a los funcionarios de la vieja escuela laica, introduciendo en la Administración una visión más islamista.

Desde que la alianza, o matrimonio de conveniencia, entre Erdogan y Gülen se rompiera hace tres años, el Gobierno turco acusa al predicador de dirigir un Estado dentro del Estado y de conspirar para derrocarlo. Acusado de terrorismo por Ankara y señalado ahora como responsable máximo de la asonada, el Gobierno ha solicitado formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Gülen.

Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado ninguna petición en ese sentido y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aporte pruebas sobre la implicación en la asonada de Gülen, que reside desde 1999 en el Estado de Pensilvania. Al respecto, el primer ministro turco, Binali Yildirim, prometió hoy aportar toda la información necesaria, al tiempo que criticaba a Estados Unidos por proteger a un "cabecilla terrorista".

"Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir a por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", declaró el jefe del Ejecutivo en una intervención parlamentaria. Reiteró que su Gobierno no tiene "la más mínima duda" sobre quién organizó el fallido golpe y aseguró que la red gülenista "se ha ido extendiendo dentro del Ejército desde 1980".

También han continuado las detenciones de supuestos militares golpistas. A los 6.000 militares arrestados por golpismo en los últimos días, entre ellos un tercio de todos los generales de las Fuerzas Armadas, se han sumado los dos pilotos del caza que el pasado noviembre derribaron un avión de combate ruso que, asegura el Gobierno, entró en el espacio aéreo turco desde Siria. Aquel incidente provocó una grave crisis diplomática con Rusia, pero Ankara siempre ha defendido que el derribo siguió las normas de combate y que la aeronave rusa entró en territorio turco pese a recibir repetidas advertencias.

Ya el sábado, el alcalde de Ankara, Melih Gökçek, del partido gubernamental, AKP, cambió ese discurso y acusó a los pilotos de haber derribado el avión ruso para provocar una crisis con Moscú.