Las medidas, aprobadas la víspera por el Ministerio de Trabajo y recogidas por el diario económico Nikkei, están destinadas a incrementar la vigilancia sobre las empresas para garantizar que cumplen el reglamento de horas extra.
Las autoridades niponas harán inspecciones sorpresa de las empresas y publicarán los nombres de aquellas donde se hayan producido muertes derivadas del exceso de trabajo o "karoshi", así como de las compañías que obliguen a sus empleados a trabajar más horas extraordinarias de las recomendadas por ley (80 al mes).
El pasado octubre el Gobierno publicó un informe en respuesta a los casos de "karoshi" que mostraba que en Japón casi una cuarta parte de los empleados pueden llegar a superar este tope.
El paquete de medidas, que entrará en vigor en enero, incluye algunas para asesorar a las empresas sobre las normativas laborales y para promover la atención médica y psicológica a empleados que lo necesiten por fatiga o estrés laboral.
La inquietud ante el exceso de trabajo en Japón se ha reavivado después de que en octubre las autoridades del país establecieran como caso de "karoshi" el suicidio de una empleada de 24 años de Dentsu, empresa líder del sector publicitario en el país asiático.
La joven llegó a trabajar hasta 105 horas extra al mes, aunque los registros de Dentsu mostraban un cómputo dentro del límite legal. La familia había denunciado que la compañía forzó a la empleada a anotarse menos horas de las trabajadas en realidad.
La joven, fallecida el pasado diciembre y quien se había incorporado siete meses antes a la empresa, dejó constancia de las duras condiciones de trabajo en su cuenta de Twitter, donde detallaba jornadas de hasta 20 horas diarias.
Días más tarde de la confirmación de este caso de "karoshi" se estableció que la muerte en 2013 de otro trabajador de 30 años de la misma compañía se debió también al exceso de trabajo.
El Gobierno japonés aprobó en 2015 una ley para frenar la epidemia del exceso de trabajo, aunque la falta de rigor al registrar las horas extraordinarias por parte de las empresas y la disponibilidad de los empleados a alargar sus jornadas para recibir bonificaciones dificulta el control sobre esta práctica.