La medida, promovida por el ministro del Interior,Matteo Salvini, contempla que los barcos privados que ignoren las órdenes para no entrar en aguas territoriales del país europeos tendrán que pagar entre 10.000 y 50.000 euros al llegar a puerto. Asimismo, da al Ministerio del Interior el poder para emitir estas órdenes, que hasta ahora estaban en manos del Ministerio de Transporte e Infraestructuras.
Así, las multas serían pagadas por el capitán, el operador del barco o el propietario del mismo. Además, aquellos que violen en varias ocasiones esta medida podrían sufrir la incautación de la embarcación. Salvini ha aprobado la aprobación del decreto, aplazada durante varias semanas debido a las dudas de la Presidencia en torno a su constitucionalidad y las críticas de Naciones Unidas.
En este sentido, el también viceprimer ministro ha señalado que se trata de "un paso adelante para la seguridad del país" y se ha mostrado "absolutamente seguro" de que la medida "cumple" con todas las leyes nacionales e internacionales. El decreto contempla además castigos más duros para aquellas personas que participen en disturbios y enfrentamientos con la Policía, así como para ultras de los equipos de fútbol.