El viernes pasado, y para sorpresa de muchos, incluidos los propios griegos, Tsipras anunciaba que sometería a referéndum la última propuesta formulada por la UE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Grecia pudiera resolver sus problemas de liquidez y afrontar los pagos de deuda pendientes.
El anuncio, además de provocar la ruptura de las conversaciones con las instituciones para cerrar un acuerdo, hizo que el BCE congelara su programa de liquidez para los bancos griegos, empujando al Gobierno a ordenar el cierre de todos los bancos del país con el fin de evitar la fuga de capitales.
Así las cosas, los griegos amanecieron el lunes con la noticia de que solo podrán sacar hasta el próximo lunes 60 euros diarios de los cajeros automáticos, medida que sin embargo no será aplicable a los turistas, sector clave de la maltrecha economía helena.
En el caso de los jubilados, muchos de los cuales carecen de tarjetas bancarias, se tuvo que adoptar como medida de emergencia la decisión de abrir un millar de sucursales bancarias el miércoles para que estos pudieran cobrar un único pago de 120 euros de sus pensiones.
Y mientras los ciudadanos sufrían los efectos del 'corralito', continuaban las negociaciones contrarreloj entre el Gobierno y las instituciones para tratar de evitar el impago por parte de Grecia. Así, el lunes por la noche, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo un último intento de sentar a Atenas nuevamente en la mesa de negociaciones.
Tsipras respondió por carta proponiendo la negociación de un tercer rescate por 29.100 millones de euros en dos años para hacer frente "exclusivamente" a los vencimientos de deuda externa e interna, que debería venir de sus socios europeos, dejando fuera al FMI, algo que el eurogrupo descarta.
Además, planteaba una "breve prórroga" del actual rescate --que finalmente expiraría en la medianoche del 1 de julio-- para evitar un "impago técnico" y solicitaba una reestructuración de la deuda acumulada.
Sin embargo, la propuesta griega fue rechazada por los miembros del eurogrupo, por lo que Atenas cumplió con su promesa y no pagó los 1.500 millones de euros que tenía que pagar al FMI antes de la medianoche del 30 de junio. Grecia se convirtió así en el primer país desarrollado en no cumplir con sus compromisos con el organismo internacional, si bien aún no ha sido declarado en suspensión de pagos.