El fallecimiento de Isabel II ha supuesto un duro golpe para la sociedad británica tras 70 años de reinado, el más largo de la historia. La soberana deja un legado histórico para su país y una de las fortuna más grandes de las realezas europeas.
Se cree que la reina Isabel II ha sido una de las mujeres más ricas del mundo con una fortuna personal que rondaría los 500 millones de euros, según calculó la revista Forbes. En este patrimonio se incluyen sus inversiones, arte, joyas y bienes inmobiliarios.
Según publican varios medios, la reina dejó cerrado su testamento poco antes de morir y habría decido hacer algunos cambios que afectan a varios familiares directos. En concreto, la soberana habría excluido como beneficiarias de una colección de joyas de más de 300 piezas a la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, y su hija Lilibet. De esta forma, solo la esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, y su hija, la princesa Charlotte recibirían estas joyas de incalculable valor.
Esta modificación de última hora en su testamento estaría motivada por la mala relación entre Isabel II y MeghanMarkle después de que ella y el príncipe Harry decidieran desvincularse de la familia real británica y tras las acusaciones de racismo que la duquesa de Sussex aseguró haber sufrido en el palacio de Buckingham cuando estaba embarazada de su hijo Archie.
A pesar de que varios medios han calculado el valor del patrimonio de la reina Isabel II, no se conoce con exactitud a cuánto asciende su fortuna. ¿Por qué hay tanto secretismo? La respuesta la habría dado dicha investigación de The Guardian, que asegura que la Reina habría bloqueado una normativa del Gobierno que la obligaba a hacerlo público.
Según unos documentos encontrados en los Archivos Nacionales y fechados en noviembre de 1973, los abogados de Isabel II presionaron con éxito a los ministros del Ejecutivo conservador de Edward Heath para cambiar un proyecto de ley sobre transparencia y así ocultar el alcance de su patrimonio.
Para ello, el rotativo explica que se habría hecho uso del ‘consentimiento de la reina’, un mecanismo parlamentario que obliga a los ministros del Gobierno a avisar a la Monarca cuando la legislación sobre la que se quiere debatir puede interferir en los intereses de la Corona.
Sin embargo, un portavoz de Buckingham Palace defendió a la Reina afirmando que el consentimiento era un “procedimiento parlamentario” y que la función de la Soberana era siempre “formal”: “El consentimiento siempre es concedido por el Monarca cuando es solicitado por el Gobierno. Cualquier afirmación de que la soberana ha bloqueado una legislación es simplemente incorrecto”.