La Justicia italiana ordena el retorno de los migrantes trasladados a Albania
Sánchez reivindica desde Mauritania una migración "segura, regular y ordenada"
Madrid |
Los ministros de interior de los países miembros de la Unión Europea han aprobado este lunes una normativa de Reglamento de Retorno que permite la creación de centros de deportación o "centros de retorno" en países terceros para migrantes con orden de expulsión definitiva, una medida que contó con el rechazo en solitario de España.
La norma habilita a los Estados miembros a firmar acuerdos bilaterales con países no comunitarios para trasladar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas. Estos países terceros deben formar parte de una lista de países seguros, que por el momento incluye a los países candidatos a entrar en la UE además de Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto.
Aunque el reglamento no obliga a construir centros en el extranjero, establece el marco jurídico para su apertura y prevé una lista común de "países seguros" y medidas para acelerar los retornos. La normativa facilita también las devoluciones sin exigir en adelante que exista una conexión entre el migrante y el país al que se le dirige.
Paralelamente al acuerdo comunitario, el diario austriaco Der Standard ha tenido acceso a un documento filtrado que vincula al gobierno de Austria con planes para construir "centros de tránsito" en Uganda y posiblemente en Ruanda, destinados a acoger a solicitantes rechazados en Europa. El borrador menciona inversiones y acuerdos bilaterales, pero ofrece pocas garantías sobre supervisión independiente o condiciones de estancia.
A su vez, el Gobierno italiano abrió en 2024 unos centros en Albania desde los que pretendía repatriar a aquellos inmigrantes sin derecho a asilo rescatados en el Mediterráneo, no obstante el proyecto fue detenido por tribunales italianos y europeos tras varias intentonas-
Estos centros, actualmente inutilizados, han sido objeto de críticas por derroche por parte de la oposición, aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostiene que espera que la situación cambie con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, previsiblemente en 2026.
España votó en contra del acuerdo y argumenta que la externalización plantea riesgos jurídicos y de derechos humanos, además de poder vulnerar obligaciones del derecho internacional de asilo. Gobiernos y ONG han alertado del peligro de detenciones prolongadas, condiciones precarias y falta de garantías reales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que España votaría en contra de esta iniciativa. "Yo creo que no estamos solos, pero ese no es el debate. El debate es mantener una postura concreta, seria, razonada y en el tiempo", ha afirmado. Además, el ministro ha subrayado que "España está absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular", pero que al mismo tiempo defiende los valores fundamentales de la UE, en particular los derechos humanos de los migrantes.
El ministro del Interior también ha protestado por la disposición del reglamento que permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses. España considera que este sistema equivale a una detención indefinida.
La Agencia Europea de Derechos Fundamentales y múltiples organizaciones humanitarias han pedido mecanismos de control independientes y salvaguardas efectivas para evitar vulneraciones del principio de no devolución y garantizar el acceso a protección internacional. Las críticas señalan que externalizar responsabilidades no exime a los Estados de sus obligaciones legales.
El texto aprobado debe aún ser discutido y ratificado por el Parlamento Europeo, por lo que quedan abiertas la posibilidad de enmiendas y el debate parlamentario. Mientras tanto, algunos países analizan ya cómo implementar acuerdos bilaterales que materialicen la externalización, con el consiguiente debate político y jurídico abierto en el continente.