El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Oriente Próximo. El ataque de Hamás a territorio israelí y la posterior ofensiva militar de Israel en Gaza desencadenaron una guerra que, dos años después, sigue dejando miles de víctimas y un profundo debate internacional sobre los límites del derecho a la defensa y la protección de los civiles. En España, el conflicto no solo ha despertado una amplia movilización social, sino también un enfrentamiento político que refleja las diferentes sensibilidades ante una de las crisis más complejas del siglo XXI.
El Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los más firmes en condenar los ataques terroristas de Hamás, pero también en reclamar una respuesta "proporcionada" y ajustada al Derecho Internacional por parte de Israel. Su posterior reconocimiento del Estado de Palestina, junto a Irlanda y Noruega, situó a España en el centro del tablero diplomático europeo y evidenció su apuesta por la llamada "solución de los dos Estados" como vía para una paz duradera. Una decisión que fue celebrada por parte de la comunidad internacional, pero criticada por sectores que la consideraron un gesto simbólico más que una medida efectiva.
En el ámbito político, las posturas han sido tan diversas como contundentes. Yolanda Díaz e Ione Belarra han pedido reiteradamente un alto el fuego inmediato y la investigación de posibles crímenes de guerra y "genocidio" en Gaza, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado respeto estricto al Derecho Internacional y prudencia en las declaraciones del Ejecutivo. Santiago Abascal, por su parte, ha mostrado un apoyo incondicional a Israel, denunciando el "doble rasero" de quienes critican su respuesta militar. Dos años después del inicio del conflicto, España continúa dividida entre la solidaridad con las víctimas, el debate sobre la justicia internacional y la búsqueda de una posición coherente ante una guerra que sigue sin final a la vista.