El asalto armado a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas en Estados Unidos. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, confirmó los tres cargos federales iniciales contra el atacante, Cole Allen, mientras crece la controversia por un posible fallo de seguridad y el clima político tras el incidente.
Allen, de 31 años, compareció ante un tribunal federal acusado formalmente de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos y de otros dos delitos relacionados con armas de fuego. No se descarta que la acusación se amplíe en los próximos días. De hecho, la fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, avanzó que podrían añadirse nuevos cargos y se mostró convencida de la intencionalidad del ataque: "Esto fue un intento de asesinato del presidente de EEUU, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito".
Durante la vista, Allen —sin antecedentes penales, según su defensa— se mostró tranquilo, respondió brevemente a las preguntas del juez y permaneció escoltado por su equipo legal. La próxima comparecencia judicial ha quedado fijada para el jueves.
En paralelo, el Departamento de Justicia ha tratado de contener las críticas sobre la seguridad del evento, celebrado en el hotel Hilton de Washington. Blanche defendió que los protocolos "funcionaron", aunque reconoció que algunos procedimientos serán revisados, especialmente tras el incidente y en un contexto reforzado por la visita de Estado de los reyes británicos, Carlos III y Camila.
El caso ha tenido también una inmediata derivada política. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt atribuyó el ataque al clima generado por la oposición, acusando a demócratas y medios de comunicación de "demonizar" al presidente Donald Trump y de contribuir a inspirar a "mentes enfermas".
En este contexto, Trump ha redoblado sus críticas contra el presentador Jimmy Kimmel, a quien ha pedido que sea despedido "inmediatamente" tras una parodia emitida en su programa. El presidente calificó sus palabras de "despreciable llamado a la violencia".
La polémica se ha visto amplificada por la reacción de la primera dama, Melania Trump, que censuró los comentarios del humorista —entre ellos una broma sobre su presencia en la cena— y los calificó de "retórica de odio y violencia", reclamando a la cadena medidas disciplinarias.