Madrid |
El debate en Estados Unidos sobre la pena de muerte nos ha llevado esta semana a conocer la historia de Christa Pike, una mujer que milagrosamente ha sobrevivido a 2 inyecciones letales de pentobarbital en Tennessee.
Pike, condenada por asesinar a una compañera de 19 años en un centro de formación profesional de Knoxville, iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 2 décadas, y no pudo ser. Pero este giro de guion no ha impedido de sigan su marcha las ejecuciones en Estados Unidos, con el anuncio incluso de Donald Trump de una nueva: la del ex psiquiatra militar -Nidal Malik Hasan- condenado a la pena capital por asesinar en 2009 a 13 personas y herir a otras 32 en las instalaciones de Fort Hood, Texas. Su fusilamiento será retransmitido en directo.
Beatriz Martos, responsable sobre pena de muerte en Amnistía Internacional España, califica estas ejecuciones de “exhibición extrema de crueldad” y asegura que el caso de Pike es una demostración más de que “no hay una forma humana en la que el estado pueda matar a una persona, y mucho menos en el nombre de la justicia”. “Nos oponemos firmemente a la pena de muerte porque la consideramos una trato inhumano, cruel y degradante, que atenta contra el derecho a la vida y el derecho a la salud, y que afecta tanto a los presos y presas como a sus familiares”, añade Martos.
Nidal Malik Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en el mismo lugar donde perpetró la matanza al grito de “Alá es grande” y en las propias instalaciones de Fort Hood (Texas). Ahora después de 17 años en el corredor de la muerte, la ejecución la llevará a cabo un pelotón de fusilamiento, algo que no ocurría desde 1961, desde la II Guerra Mundial.
Se calcula que hay más de 2.000 personas esperan en el corredor de la muerte en los 27 de los 50 estados de Estados Unidos, donde la pena de muerte sigue vigente. Eso sí, en la práctica el mapa es más reducido, ya que solo 21 pueden llevar a cabo ejecuciones porque los otros 6 mantienen moratorias. Desde 1976 han sido ejecutadas en el país hasta 1.682 personas con distintos métodos, (incluida la inyección letal o la silla eléctrica), y a más de un tercio han sido ejecutadas en el estado de Texas. En los 23 estados que quedan y en Washington esta práctica está abolida. Y siete estados dieron el paso entre 2011 y 2021: Washington, Nuevo Hampshire, Illinois, Maryland, Delaware, Virginia y Colorado.