La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba por unanimidad una ley de Amnistía para los presos políticos
La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha pedido celeridad en su aplicación y ha asegurado que "hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón".
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado esta madrugada por unanimidad una ley de Amnistía general para los presos políticos del régimen. Esta medida ya había sido anunciada por la presidente encargada del país, Delcy Rodríguez. Así lo ha anunciado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, que ahora tendrá que estampar su firma para que entre en vigor.
La amnistía afectará a los presos implicados en hasta trece episodios de convulsión política y social vividos entre 1999 y 2026, incluida la represión tras el fraude en las últimas elecciones cuya victoria se atribuyó Maduro en el verano de 2024. Hoy sigue en una cárcel de Nueva York. Quedan fuera de esta medida de gracia aquellos presos que hayan participado en acciones armadas, entre ellos 174 militares acusados de rebelión.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado "complacida" por la ley de amnistía aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional, que permitirá al país "convivir democrática y pacíficamente", y ha pedido que se revisen los casos no contemplados en el texto legal.
"Yo como profesional del derecho me siento muy complacida (porque) la ley de amnistía abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los Derechos Humanos, el amor, el entendimiento, el reconocimiento", ha declarado durante el acto de ratificación de la ley.
La mandataria ha defendido estas palabras también como presidenta encargada "chavista", tras lo que ha afirmado que "hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón". "Ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía, pero la ley de amnistía también va más allá", ha agregado.
Exclusiones
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Sin embargo, la presidenta encargada pidió al Parlamento, al programa de Convivencia y Paz que promueve el diálogo político y a la comisión de revolución judicial que busca reformar el sistema de justicia, que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para "curar heridas, reencauzar la convivencia democrática" y la justicia.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".
En el artículo 11 se indica que un tribunal con competencia en el delito imputado verificará la aplicación de la amnistía y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación, en un plazo "que no excederá de 15 días continuos".
La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.