Amnistía Internacional advierte de que el orden mundial que conocemos está en riesgo
En su informe anual sobre DDHH, la organización lamenta que la población civil pague el precio más alto en cualquier conflicto.
Madrid |
Amnistía Internacional concluye en su informe “La situación de los derechos humanos en el mundo” quelos gobiernos infringen de forma flagrante las normas establecidas, arrastrando a la Humanidad hacia una era en la que escasea el concepto de Estado de Derecho. Aseguran desde la organización que, mientras que los gobiernos incumplen el Derecho Internacional, la población civil es la que "paga el precio más alto en cualquier conflicto”. Y apuntan a un grave retroceso de los derechos humanos.
AI el foco en Oriente Próximo y afea el veto estadounidense a un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras continúa armando a Israel. Habla de claros indicios de crímenes de guerra y señala que el gobierno de Benjamín Netanyahu -no sólo se burla del Derecho Internacional en Gaza- sino que pone en riesgo el futuro de millones de personas.
El informe anual de Amnistía Internacional acusa además a Rusia de llevar a cabo ataques indiscriminados contra zonas residenciales en Ucrania densamente pobladas, contra la exportación de cereales y energía y de torturar a los prisioneros. Y avisa también de que “en un mundo cada vez más precario, la proliferación y el despliegue sin regulación de tecnologías como la inteligencia artificial o el reconocimiento facial, pueden convertirse en un peligroso enemigo”. En este sentido, Amnistía Internacional ha revelado por ejemplo que los algoritmos de Facebook contribuyeron a generar violencia étnica en el contexto del conflicto armado en Etiopia. Y recuerdan que la instrumentalización de la tecnología “genera odio, discriminación y división que puede suponer una amenaza en un año electoral clave”, teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones en EEUU.
España peca de poca transparencia
En España, lo que le preocupa a Amnistía Internacional es su falta de rendición de cuentas, la incertidumbre en torno a los avances legislativos, y la falta de voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de los DDHH, como las ocurridas en las residencias de mayores con la COVID-19 o tras el salto masivo de la Valla de Melilla en 2022.