Visto para sentencia el juicio al fiscal general: la defensa dice que lo filtró el novio de Ayuso y la acusación denuncia una "sentencia popular"
El fiscal general ha rechazado usar su derecho a la última palabra, por lo que el juicio ha quedado visto para sentencia.
La Fiscalía asegura que el novio de Ayuso recibió "el mismo trato que cualquier ciudadano"
El juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de un correo sobre el caso de Alberto González Amador ha quedado jueves visto para sentencia. En la última sesión, la defensa ha señalado al empresario como el verdadero filtrador, mientras que las acusaciones han sostenido que el jefe del Ministerio Público usó a la prensa para imponer una "sentencia popular".
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha cerrado el proceso tras seis sesiones en dos semanas en las que han declarado más de cuarenta testigos, además del propio García Ortiz y del empresario madrileño.
La causa investiga la presunta filtración a la Cadena SER del correo que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal del caso, Julián Salto, ofreciendo reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. La filtración habría ocurrido la noche del 13 de marzo, y al día siguiente la Fiscalía difundió una nota de prensa para desmentir una información de El Mundo que señalaba a Salto como autor de la propuesta de pacto.
Por estos hechos, García Ortiz afronta una posible condena de hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros entre multa e indemnización.
La defensa: "El fiscal general es inocente"
El abogado del Estado José Ignacio Ocio, que representa a García Ortiz, ha asegurado en su informe final que "no hay absolutamente ni una prueba" de que el fiscal general filtrara el correo o diera la orden de hacerlo. Argumentó que actuó ante "la gravedad" de las informaciones que cuestionaban la actuación de la Fiscalía y que fue el propio González Amador quien reveló la existencia de las negociaciones en una conversación con el periodista que publicó la noticia.
"Cuando el titular de un secreto lo comparte con terceros, ese secreto pierde su carácter reservado", ha explicado Ocio, quien además ha denunciado un "juicio paralelo" mediático que, a su juicio, ha contaminado el caso. Ha pedido al Supremo que preserve su independencia y aplique el principio de presunción de inocencia.
La acusación: "Usó a la prensa para condenarlo públicamente"
Las acusaciones, encabezadas por el abogado Gabriel Rodríguez Ramos, en representación de González Amador, sostienen que hay "prueba directa" de que García Ortiz filtró el correo con el objetivo de crear "cobertura legal" para la nota de prensa del día siguiente.
"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso", denuncia Rodríguez Ramos. Según su relato, esa maniobra convirtió al empresario en "moneda política" dentro de un "relato institucional" respaldado por el Gobierno y amplificado por los medios.
El letrado ha subrayado los daños personales y económicos causados a su cliente y ha criticado que se haya construido una "maquinaria de comunicación" que, a su juicio, le ha condenado fuera de los tribunales.
Tras escuchar a todas las partes, el Tribunal Supremo ha dejado el caso visto para sentencia, sin que García Ortiz haya hecho uso de su turno de última palabra.