La Universidad de Málaga propone inhabilitar a Errejón para futuros contratos

Fuentes cercanas al caso han informado que la propuesta de sanción para contratos de estas características deriva de considerarse como falta presuntamente cometida un incumplimiento del horario laboral, como consta en el pliego de cargos que le fue remitido el pasado 3 de marzo por la Universidad malagueña.

El documento recoge los hechos que se le imputan, la falta presuntamente cometida y la sanción propuesta, tras lo que dispone de un plazo de diez días hábiles para alegaciones. En caso de que se formularan, la Inspección de Servicios de la Universidad las estudiará y trasladará a la rectora de la institución académica una propuesta definitiva al respecto, a partir de lo que ella dispondría de un mes para la aplicación de sanciones o pedir nuevas pruebas.

Errejón ya no participaba en el proyecto investigador, ya que su contrato concluyó el pasado 16 de diciembre, según lo previsto al entrar a formar parte del mismo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llegó a asegurar en su día que Iñigo Errejón tendrá que devolver el dinero que ha recibido para una tarea de investigación "si no ha trabajado o actuado correctamente". La Universidad ha enviado además otra notificación al director del proyecto y también dirigente de Podemos, Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga al que también se le abrió expediente disciplinario y para el que -en su caso- el asunto, se ha cerrado con un apercibimiento.

El contrato de Errejón con la Universidad era para un estudio sobre vivienda financiado por la Junta andaluza, que estipulaba un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales. Fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por incumplir su contrato como investigador externo de la Universidad, que le abrió el expediente disciplinario, según se conoció el pasado 4 de diciembre y contra el que Errejón presentó alegaciones.

Montero solicitó la elaboración del proyecto "La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda" en una convocatoria de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta que preveía la contratación de un investigador externo. Para ese puesto se fijó un perfil que exigía, entre otros requisitos, ser doctor en Ciencias Políticas y a la convocatoria únicamente concurrió Íñigo Errejón, que ganó el contrato en marzo del pasado año. Alberto Montero presentó ante la Consejería de Fomento, financiadora del proyecto, informes periódicos trimestrales de los resultados y en septiembre comunicó a la Universidad que Errejón no podría seguir desempeñando su labor como contratado, por lo que solicitó que se volviera a convocar su plaza.