El PP da un ultimátum a Exteriores por la Ley de Nietos: amenaza con acciones penales si no cumple la orden del Supremo"

Continúa la polémica y la incertidumbre respecto a la ya conocida 'Ley de Nietos'. El pasado viernes 16 de octubre, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interponía un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional para que se pudiese levantar el veto al voto de aquellas personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática.

Hace apenas unos minutos, el PP ha denunciado esta "maniobra insólita" del Defensor del Pueblo y ha pedido personarse para "defender un censo íntegro como garantía electoral". Además, ha exigido a Exteriores cumplir "lo ordenado" por el Tribunal Supremo y ha amenazado con responsabilidades "penales" si no lo hace y "obstaculiza" la retirada del censo de los nacionalizados por esa 'ley de nietos' que no son descendientes de exiliados.

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo "ni un solo dato", pese a los dos autos del Tribunal Supremo.

Por eso, ha adelantado que el PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares exigiéndole que cumpla "de inmediato lo que ha ordenado el Supremo" y ha advertido de que, en caso de incumplimiento, acudirá a la Justicia. "Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales", ha abundado.

Una actitud "pasiva" y "obstruccionista"

Ezcurra ha explicado que con el envío de este burofax el PP busca "la salvaguarda" del sistema electoral y de la democracia porque el Supremo ha dictado ya dos autos "obligando al Gobierno a retirar del censo a quienes no son descendientes de exiliados y el Ministerio de Exteriores es quien conoce esa información".

Sin embargo, ha reiterado que "más de un mes después", la Oficina del Censo "no ha recibido ni un solo dato", lo que evidencia "una actitud pasiva, por no decir obstruccionista". "No actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias", ha avisado.

La dirigente del PP ha indicado que han dado de plazo hasta el jueves porque el sábado 24 empieza el envío del voto del Censo de residentes en el exterior. "Y si no hay datos, llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el Censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo", ha advertido.

Piden la no admisión del recurso de amparo de Ángel Gabilondo

El Partido Popular pedirá así al Tribunal Constitucional que admita su personación "para defender un censo íntegro como garantía electoral" y que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo: "Lo de Ángel Gabilondo es una maniobra insólita porque el Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno", ha asegurado.

Así, desde la formación han criticado que "a un mes de dejar el cargo y sin ser parte del proceso", Ángel Gabilondo corra al Constitucional "para anular al Supremo cuando la vía judicial ni siquiera ha terminado, y en su propio recurso admite que el problema es la ineficacia administrativa del Gobierno". A su entender, "parece que hay algunos socialistas muy agradecidos que están empeñados en ofrecer su último servicio al sanchismo".

Según Ezcurra, el Defensor del Pueblo no cumple con los requisitos de la ley porque antes de que el Constitucional se pronuncie, hay que agotar la vía judicial. "El Tribunal Supremo no ha resuelto, porque lo dictado son solo unas medidas cautelares", explica.

En tercer lugar, Ezcurra ha avanzado que el PP va a denunciar "los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, para que se investiguen y para que se depuren responsabilidades", después de conocer "pasaportes concedidos a personas sin padres ni abuelos españoles". "Que hubiera un solo caso de concesión irregular ya sería un escándalo, pero que haya decenas de miles es un fraude democrático masivo", ha afirmado.

La dirigente del PP ha señalado que el Tribunal Supremo "ha frenado ya dos veces este atropello y el Gobierno, en lugar de cumplir, de acatar lo que manda el Poder Judicial, se dedica a obstaculizar la acción de la Justicia para ganar tiempo, aunque apenas queden 40 días para las elecciones que supondrán el fin del sanchismo".