La UCO apunta a que la trama de Leire Díez habría amañado cinco contratos públicos por valor de 133 millones de euros

La unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que la trama por la que detuvo a Leire Díez, al empresario Antxón Alonso y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría amañado cinco contratos públicos por un total de 133 millones de euros, tal y como ha publicado La Razón.

Los investigadores creen que se habrían repartido importantes comisiones a partir de estas operaciones. La clave estaría en las adjudicaciones que salieron de entes públicos como Sepides, Mercasa o Enusa, empresa de la que fue jefa de comunicación Leire Díez entre 2018 y 2021, o la SEPI a empresas como Servinabar, Forestalia o Tubos Reunidos.

Según han desvelado fuentes de la investigación al citado medio, los tres imputados utilizaban un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', en castellano 'Nosotros tres', para comunicarse. Aun así, la investigación permanece bajo secreto de sumario, porque todavía quedan muchas diligencias por delante.

Posible beneficio de 700.000 euros

Díez, Alonso y Fernández podrían haberse beneficiado de más de 700.000 euros en comisiones, según se recoge en una resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La primera operación que se menciona es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Según se detalla, desde el grupo 'Hirurok' habrían realizado acciones de "intermediación" para que se otorgara esa ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".

Otra operación es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar, la empresa propiedad de Alonso y de la que sería socio el exdirigente socialista Santos Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros y que habría consistido en "la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública".

El documento señala que por parte de Mercasa se contrató a Servinabar para que emitiera "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede".

Constructora Eriberri

La tercera adjudicación reseñada es una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros.

Para los investigadores, los miembros de 'Hirurok', a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Eriberri en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros. "Haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales", agrega.

Pagos a favor de un despacho de abogados

El juzgado también recoge en la resolución supuestos pagos desde la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. Según explica, la operativa tuvo lugar cuando Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública, concretamente una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

"Varios directivos de la mentada empresa pública" y el grupo de los investigados habrían tenido "la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enusa del despacho de abogados, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación", indica.

La contratación habría deparado sobrecostes "aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de 'Hirurok'" y "se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez" por 17.545 euros.

Ayuda a Forestalia

Por último, en la resolución se menciona la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,32 millones de euros. "Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo 'Hirurok'" que fueron canalizados, como en otras operaciones, a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

Han quedado en libertad provisional

Los tres imputados han quedado en libertad provisional tras declarar ante la Audiencia Nacional. En esta comparecencia, Díez y Alonso se han acogido a su derecho a no declarar y han asegurado que no saben de qué se les acusa, porque la investigación está secreta. El que sí ha respondido al juez Antonio Piña y a su defensa es Fernández, que ha negado todos los hechos y haber cobrado comisiones.

El caso estalló el pasado miércoles cuando se conoció la detención, primero de Leire Díez y Vicente Fernández y, después, de Antxon Alonso. Los tres estuvieron retenidos en los calabozos de Tres Cantos. Al día siguiente, la UCO se personó en Correos, los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, la SEPI y otros lugares, y realizó un total de 19 registros.

Hace tres semanas, Leire Díez compareció ante el juez

Hace tres semanas, Díez compareció ante el juez por las grabaciones que había aportado el fiscal Ignacio Stampa, en las que una voz atribuida a ella se presentaba como "la mano derecha" de Santos Cerdán, en aquel momento secretario de Organización del PSOE. En esa declaración, Díez negó su vinculación con el partido y que esa voz fuera suya.

La conocida como fontanera del PSOE respondió al juez, al fiscal y a su defensa, pero no a las acusaciones populares. Reconoció que se reunió dos veces con Cerdán, pero en calidad de periodista y "para advertirle de que el partido estaba siendo víctima de determinadas causas judiciales".