El Tribunal de Cuentas investiga a la Agencia Española de Cooperación por no justificar en plazo pagos de 22 millones de euros
El órgano fiscalizador ha designado a una instructora para analizar si existen indicios de responsabilidad contable en pagos correspondientes a 2023 que la AECID, dependiente del Ministerio de Exteriores, no justificó dentro del plazo legal.
El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por no haber justificado en plazo pagos correspondientes al ejercicio 2023 que ascienden a casi 22 millones de euros.
Según ha podido saber Onda Cero, el órgano fiscalizador acaba de designar a una delegada instructora que deberá determinar si existen indicios de responsabilidad contable en un total de 21,7 millones de euros, cuya justificación no se presentó dentro del plazo anual establecido.
La investigación se inició a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que solicitaron la apertura de diligencias ante la falta de justificación de esos pagos. No obstante, tras recibir las alegaciones de la propia Agencia, ambos organismos pidieron posteriormente el archivo del procedimiento. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas ha decidido continuar con las diligencias al considerar que la cuantía afectada es "obviamente relevante", según recoge el auto.
La AECID, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha atribuido el retraso a la "complejidad" de su estructura. En sus alegaciones, la Agencia explica que cuenta con una red de 53 oficinas de cooperación adscritas a embajadas, y que el personal técnico disponible resulta insuficiente para tramitar y justificar en plazo todos los pagos realizados.
Además, la Agencia ha comunicado al Tribunal que ya ha puesto en marcha una nueva estructura organizativa con el objetivo de corregir estas deficiencias, reconociendo la necesidad de solventar los retrasos en la rendición de cuentas.
Ahora será la instructora designada por el Tribunal de Cuentas la encargada de analizar la documentación y determinar si los hechos pueden derivar en algún tipo de responsabilidad contable por la gestión de los fondos correspondientes al año 2023.