El Tribunal de Cuentas ha mostrado este martes sus dudas sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que recibieron los presos del procés para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros declarados culpables de promocionar el independentismo en el exterior con dinero público y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.
Ha señalado, en una nota de prensa, que tiene dudas sobre la suficiencia y legalidad, "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración Autonómica perjudicada". Y es este el motivo por el que la Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
El ICF es un organismo perteneciente al gobierno de la Generalitat catalana y el Tribunal de Cuentas debe ahora decidir si los acepta. No obstante, el plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas expiraba la medianoche del lunes.
El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y ha avisado de que una vez terminado el plazo el Tribunal emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.
De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse a dicho fondo, mientras que según señalaron fuentes de la consellería de Economía, otros cuatro rehusaron acudir al ICF y habían optado por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal. En todo caso, el Gobierno de Pere Aragonès ya avanzó el lunes que si los avales del ICF eran rechazados por el Tribunal de Cuentas, explorarían un plan alternativo.