Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Según la UDEF Zapatero no era consultor sino vendedor de favores"

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la reacción política tras la decisión judicial y el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la eutanasia marcan una jornada en la que la actualidad gira en torno a decisiones judiciales de enorme impacto político e institucional. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Zapatero, investigado por tráfico de influencias

Lo primero es saber qué dice el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que, por primera vez en democracia, ha llevado a un expresidente del Gobierno a estar imputado. Investigado por tráfico de influencias. Por ahora, porque apunta a que puede llegar a imputársele blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

El dos de junio tendrá que declarar y veremos qué decide el juez. Por ahora, para quienes ven una mano negra en su actuación, lo que ha decidido el juez es que en los registros efectuados ayer, y en contra de la opinión de la UDEF, no permitir el registro en su domicilio por ser un expresidente del Gobierno.

Ochenta y cinco folios tiene el auto en los que, con la presunción de inocencia por delante, detalla el juez de forma contundente los negocios que tenía José Luis Rodríguez Zapatero según la UDEF de la Policía Nacional. Para empezar, le considera el vértice de una estructura organizada para influir en autoridades nacionales y extranjeras para obtener resoluciones administrativas o ventajas económicas a cambio de un tercero. Tercero que pagaba al expresidente a través de comisiones.

Según el auto, el conjunto de estas comisiones alcanzaría los 1,9 millones de euros cobrados por él y por sus hijas. Era, entre otras, Análisis Relevantes la que recibía el pago y lo distribuía entre la familia Zapatero simulando trabajos y asesorías. O a través de una sociedad fantasma que la UDEF considera que creó a través de su secretaria en Dubái.

Además, considera el juez que Zapatero intervino de forma directa en operaciones de alto valor relacionadas con oro, petróleo, acciones o divisas. El informe de la UDEF se basa en mensajes intercambiados entre Zapatero y su amigo Julio Rodríguez, al que la trama Plus Ultra llamaba "el lacayo". El exdirectivo de la compañía afín a Maduro Rodolfo Reyes se refería a Zapatero como "el pana".

La investigación parte de la doble petición de colaboración que la Fiscalía Anticorrupción recibió de Francia y Suiza hace dos años para acabar con una organización criminal que estaría desviando fondos públicos venezolanos de muy alta cuantía hacia Europa. Según la investigación, los 53 millones del rescate de Plus Ultra habrían servido para operaciones de blanqueo.

La reacción política: del lawfare a la confrontación

El Gobierno, el PSOE y sus socios, llevados todos por la ceguera y el argumentario habitual y sin pararse a leer el auto judicial, salían en tromba a hablar de lawfare. Papelón el de la ministra portavoz Elma Saíz cuando endosa a Manos Limpias el origen de la causa y son los propios periodistas presentes en Moncloa quienes le corrigen. En lugar de rectificar se fue por peteneras. Recordando los logros sociales durante el mandato de Zapatero y el supuesto odio que, según esa interpretación, genera su figura.

Patxi López reconocía también no haberse leído el auto —para qué— pero ya sabe que Zapatero es inocente por lo que vivió con él. Y justificaba que se haya levantado ahora el secreto de sumario, y no la semana pasada en campaña, porque los jueces, según su planteamiento, siempre lo hacen cuando al PP le va mal.

Con el PSOE están sus socios habituales hablando también de lawfare y lamentando que se haya imputado antes a Zapatero que a Aznar o Rajoy. Las investigaciones policiales y judiciales pasan a un segundo plano cuando la sentencia política ya está escrita. Al PP le ocurre algo parecido, aunque en sentido contrario: de todo culpa a Pedro Sánchez.

El Supremo fija criterio sobre la eutanasia

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Generalitat contra la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la petición del padre de Francesc Augé para paralizar la eutanasia prevista que había solicitado por las graves secuelas derivadas de dos infartos.

El Supremo ha establecido un criterio ya inamovible al haberse tratado en el Pleno con todos los magistrados que forman parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. No entra en si debe o no practicarse la eutanasia, sino en si un padre puede impugnar la autorización para que se le practique a un hijo. Y la respuesta es que sí, por el interés legítimo que tiene. La Fiscalía, que defendía este criterio, hablaba de padres, hijos, hermanos y cónyuges. Por ahora únicamente se conoce la decisión del pleno. Para conocer los argumentos completos de la sentencia todavía habrá que esperar varios días más.