El testimonio de dos etarras convertidos en testigos protegidos: "Los asesinatos de políticos y jueces los fijaba la cúpula"

Dos antiguos miembros de ETA que ahora son testigos protegidos relataron el pasado abril al entonces juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón que la decisión de secuestrar y asesinar al concejal del PP Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 tuvo que tomarla necesariamente la cúpula de la organización terrorista por tratarse de un político, al tiempo que aseguraron que si se era "crítico" con sus órdenes "te tenías que ir".

Así se recoge en las declaraciones prestadas. En ellas, ambos explicaron que los comandos de ETA solo tenían "autonomía" para matar a policías, militares y guardias civiles, pero que otros objetivos -como políticos, jueces y fiscales-tenía que fijarlos el Comando Ejecutivo o Zuba de ETA.

Deportados si no obedecían órdenes

Interrogados sobre qué podía pasar si algún etarra se negaba a acatar una orden, uno de ellos expuso que, "si es por miedo, lo mandaban a otro país". Normalmente pasaban primero por Francia -su "santuario"-y de ahí partían hacia América Latina, precisaron. "No podías ser crítico, si eras crítico lo tenías que dejar", afirmó uno.

Con todo, los dos aseguraron que la orden de secuestrar y matar a Blanco solo pudo emanar de su cúpula, razón por la cual era la única que pudo evitarlo. "Evitar sí se podía evitar pero la dirección no quería evitarlo. El Comité Ejecutivo mando ejecutar a Miguel Ángel Blanco", aseveró uno.

Sobre la posibilidad de que, una vez secuestrado, y vista la presión social, el comando que tenía en su poder a Blanco decidiera no matarlo, el segundo etarra lo descartó. "Seguro que no pudieron decidirlo los que (lo) tenían y finalmente lo asesinaron", señaló.

"La idea desde el principio era matar a Miguel Ángel Blanco"

De hecho, uno de los testigos protegidos recalcó, en respuesta a preguntas de la Fiscalía, que la idea desde el principio era matarlo porque la condición que había puesto ETA para liberarlo -"resolver la situación de los presos en 24 horas"- era algo que se reclamaba desde hacía años sin solución ninguna.

En cuanto a la posible implicación del que fuera miembro de Herri Batasuna Arnaldo Otegi en el secuestro y asesinato de Blanco, uno de los ex etarras contestó que desconocía si estaba al tanto pero que en cualquier caso creía que no lo habría podido evitar.

No obstante, ambos admitieron que ninguno tuvo conocimiento directo de ello. Uno estaba ya encarcelado cuando ocurrieron los hechos y el otro, aunque aún seguía en activo, se describe como un "militante de base" cuyo contacto con la cúpula de la organización terrorista en esa época "era lejano".

Estas declaraciones se conocen justo el día que la AN celebra una vista para decidir si deja sin efecto el procesamiento de los ex jefes de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; e Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Blanco.

Los dos situaron el punto de inflexión en la 'Ponencia Oldartzen', de 1995. Fue entonces cuando se acordó abrir el abanico a otros objetivos, más allá de las fuerzas de seguridad del Estado, comentaron. A juicio de uno de los testigos protegidos, en realidad "era un signo en realidad de debilidad" aunque en ese momento no se percibiera así.

"Todo lo español era enemigo"

A partir de ese momento "todo lo español era enemigo", incluidos empresarios o periodistas. "Era por coaccionar o amenazar al país, a España, al Ejecutivo español persiguiendo el negociar, el llegar a alguna negociación o forzarle a tomar decisiones que facilitaran la independencia, la soberanía del País Vasco", indicó uno de los ex etarras.

En consecuencia, apuntó también a la cúpula como responsable de las órdenes de matar en el año 2000 tanto al entonces magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol como al fiscal jefe de Andalucía en esa época, Luis Portero. "Es probable que incluso los comandos fueran enviados allí de manera explícita a cometer esos atentados contra estas personas", comentó.

En el caso del que fuera concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en 1995 mientras estaba con sus compañeros de partido en un restaurante de la zona vieja, aclararon que, si bien tuvo que haber una orden clara, "no había mucho tiempo para comunicar al Comité Ejecutivo" porque simplemente "bajó a comer", "alguien le vio, alguien avisó y bajaron a matarlo".

Los testigos mostraron discrepancias al ser cuestionados sobre si era necesario que la cúpula diera órdenes concretas para atentar contra las casas cuartel de la Guardia Civil.

Uno contó que para el atentado cometido 11 de diciembre de 1987 en la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, incluidos niños, no se habría requerido autorización expresa porque los comandos tenían "autonomía" para atentar contra la Benemérita.

En cambio, el otro dijo que para el perpetrado el 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de Santa Pola, que se saldó con dos muertos, entre ellos una niña, seguramente tuvo que haber autorización del Comité Ejecutivo.

"Estoy en deuda con la democracia"

Durante estos interrogatorios, la Fiscalía quiso saber qué razones habían empujado a estos antiguos etarras a colaborar con la Justicia, a lo que ambos respondieron que era fruto de una evolución personal.

"Creo que es mi deber, creo que debo hacerlo, estoy en deuda con la democracia", manifestó uno, al tiempo que contó que se unió a ETA porque "perseguía la independencia del País Vasco, una idea socialista, pero integrado en un ente terrorista criminal".

"Ha sido una evolución que he tenido, me he dado cuenta el daño que he hecho y quiero colaborar con la Justicia", confesó el otro.