En las últimas horas, la crisis diplomática entre España y Venezuela ha aumentado, después de que el Ejecutivo venezolano haya llamado a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y haya convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos.
El canciller de Maduro anunció que tomaba estas medidas en protesta por unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que calificó de "dictadura" al régimen de Nicolás Maduro. Es la primera vez que un miembro del Gobierno español tacha de dictadura al régimen de Maduro.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió este jueves al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura" y recordó a todos los hombres y mujeres venezolanos que "han tenido que salir de su país".
Tras estas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, intentó rebajar la tensión expresando su respeto a la "decisión soberana" de Venezuela de convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid, a la vez que se abstuvo de calificar al país gobernado por Nicolás Maduro como una "dictadura".
El ministro alegó para no pronunciarse que "no es un catedrático de derecho constitucional ni un politólogo", sino que "es la última persona que tiene que entrar a poner ningún tipo de calificativo" a un gobierno.
Además, aseguró que su intención es mantener "las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela" en estos momentos críticos para el país.
Las reticencias del Gobierno al reconocimiento del líder opositor Edmundo González chocan con la proposición aprobada por el Congreso a iniciativa del PP para reconocer a Urrutia como presidente electo. De hecho, Albares tildó esta proposición de "alocada" y de ir en contra del Gobierno y no en favor de los venezolanos.
Además, tras la aprobación de esta proposición, la Asamblea Nacional de Venezuela propuso una resolución para instar a Maduro a romper "todas las relaciones" diplomáticas y comerciales con España.
Pero para reconocer a Urrutia como presidente electo, el Gobierno español pide que se difundan las actas de todas las mesas electorales para que "la voluntad expresada por los venezolanos el pasado 28 de julio se conozca y se cumpla", dijo Albares en una entrevista en RNE.
El ministro de Exteriores también insistió en que España trabaja en el marco de la posición común europea para conseguir, a través del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición, "una salida soberana, genuinamente venezolana, pacífica y democrática" a la crisis.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín a Maduro, se niega a publicar las actas de las mesas electorales, como estaba previsto legalmente y le ha exigido la comunidad internacional.
Esta escalada de la crisis entre ambos países se produjo el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibía al dirigente opositor Edmundo González Urrutia, refugiado desde el pasado domingo en Madrid, a donde llegó en un avión de la Fuerza Aérea española enviado a Caracas a recogerle tras haber pedido asilo político.
Aunque fue recibido por el presidente, esta visita no tuvo carácter institucional para no aumentar la tensión con el régimen de Maduro. No se convocó a los medios de comunicación y el PP recriminó al presidente que tras esta reunión "se negara" a reconocerlo como presidente de Venezuela.
De hecho, el PP desoye las amenazas del Parlamento de Venezuela de romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Pedro Sánchez tras el pronunciamiento de la Cámara Baja e impulsará en el Pleno del Senado de la próxima semana una moción para instaral Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer al líder de la oposición al chavismo.
El opositor venezolano sigue insistiendo en que luchará "hasta el final" y tomará posesión el 10 de enero. "La lucha es hasta el final, cuando finalmente tomaré posesión de la presidencia del próximo 10 de enero y todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano", recalcó en un comunicado.