El Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar penalmente a García Ortiz por revelación de secretos
La causa arrancó por una querella de la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y por una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid presentadas ante el TSJM.
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El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe admitir a trámite la exposición razonada presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, así como otras denuncias y querellas por el mismo asunto.
La Sala de lo Penal ha dictado una diligencia de ordenación en la que acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra García Ortiz por la presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de una querella de la Fundación Foro y Libertad, que fue la primera que se presentó en marzo; una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la exposición razonada del TSJM, que remitió en julio al apreciar indicios de delito en el fiscal general.
Querella de González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid
La causa arrancó por una querella de González Amador y por una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, presentadas ante el TSJM, y aunque algunas denuncias ante el Supremo son anteriores a estas acciones, la Sala aun no se había pronunciado sobre ellas.
Con esta decisión, el Supremo pone en marcha el reloj para decidir si acuerda investigar penalmente al fiscal general del Estado, quien ya asumió públicamente la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.
Esa nota aclaraba algunos extremos de la investigación al empresario por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal del caso para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad.
Aunque está por ver qué ocurrirá con la decisión del alto tribunal, fuentes jurídicas dudan de que García Ortiz dimita si le imputan; al contrario, defenderá su actuación una vez que ya ha admitido públicamente ser quien ordenó la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.
Ajeno al ruido que genera esta cuestión, ya no por su futuro procesal sino también al frente del Ministerio Fiscal, García Ortiz ya dijo entonces que el paso dado por el TSJM "no ha de impedir ni alterar" el trabajo de la Fiscalía ni el suyo propio.
La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de esas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.