El Tribunal Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si debe asumir la investigación por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic al expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas.
En concreto, la Sala de lo Penal ha dictado una providencia para que el Ministerio Fiscal valore sobre competencia y contenido de la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al tiempo que designa como ponente al magistrado Juan Ramón Berdugo que deberá proponer a la Sala si procede o no su admisión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya recurrió el auto en el que el juez dirigía la investigación por terrorismo contra Puigdemont y el resto.
El juez García-Castellón elevó al Supremo esa exposición razonada hace dos meses, el 21 de noviembre de 2023, pero el Supremo no ha dado traslado al ministerio público hasta este momento.
La pasada semana, el propio juez rechazó un recurso de la Fiscalía y se reafirmó en la tesis de que el Supremo debe investigar a Puigdemont por terrorismo porque las últimas diligencias que ha llevado a cabo en la investigación han afianzado su tesis inicial de que los hechos podrían constituir ese tipo de delitos.
En concreto, la documentación que ha ido solicitando para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, sede de algunos de los disturbios que se investigan.
En ese escrito, el juez insistió en "la gravedad de los delitos que, en este momento, se vislumbran", la "clara afectación" que tuvieron los "intereses generales", las "estructuras económicas esenciales del Estado" y los daños y lesiones que se causaron en las protestas.
Y se quejó de tener que "insistir" ante la Fiscalía "sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo".
Ese escrito despertó las críticas del Gobierno, dos de cuyos ministros (Teresa Ribera y Óscar Puente) arremetieron contra la presunta implicación política de las decisiones del magistrado, antes de que desde Moncloa se les rectificara y se reconociera la independencia judicial y la separación de poderes.