El Supremo acuerda mantener en prisión a Cerdán ante los indicios de su "papel directivo" en la trama

Santos Cerdán seguirá en prisión preventiva. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una vista que se celebró este martes a puerta cerrada para escuchar los argumentos de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, a los que se han opuesto la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el PP.

Una Sala de tres magistrados -Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral- se reunieron a partir de las 10:30 horas, aunque el juez Pablo Llarena es el ponente del auto que responde así al recurso que presentó Santos Cerdán contra la resolución en la que el magistrado que le investiga en el caso Koldo, Leopoldo Puente, le envió a prisión preventiva semanas después, el 30 de junio.

Puente adoptó esta decisión tras la declaración de Cerdán, en la que negó que él o el PSOE hayan recibido dinero de presuntas adjudicaciones irregulares en la época de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El juez considera que existe un "homogéneo y consistente conjunto de indicios (...) verdaderamente extraordinario" de que habría incurrido en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y decidió enviarle a prisión sin fianza ante el "peligro fundado" de que pueda "ocultar, alterar o destruir" pruebas.

Sospecha que el exdirigente del PSOE sería "quien se encargaba de reclamar a las constructoras" las cantidades adeudadas, "las recaudaba y las hacia llegar después" a Ábalos y Koldo García, con quienes tendría un "relación vertical" de "cierta preeminencia".

El recurso de Cerdán y los argumentos de Anticorrupción

Días después de aquella decisión, Cerdán, ya en la cárcel de Soto del Real (Madrid), recurrió ante la Sala de Apelación y denunció una "causa general" contra él, en la que cree que su entrada en prisión busca "provocar" una confesión, como ocurrió en su día con el empresario Víctor de Aldama.

La Fiscalía, sin embargo, destaca su "capacidad" para "ocultar pruebas", "condicionar a testigos o investigados" e influir en los "aún desconocidos" pagadores de supuestos amaños, y sospecha que "parece que continuó manteniendo cierto control de las adjudicaciones" de Transportes tras la salida de Ábalos.

Junto a Cerdán, el Supremo investiga en esta parte del caso Koldo a Ábalos, a su exasesor Koldo García, al presunto comisionista Víctor de Aldama, y a otros cinco empresarios.