Madrid |
El Tribunal Supremo ha iniciado el procedimiento para ejecutar la sentencia del caso Mascarillas y ha dado un plazo de 15 días al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama para afrontar el pago de 647.000 euros correspondientes a las multas, decomisos e indemnizaciones impuestos tras su condena.
El Alto Tribunal ha requerido a los tres condenados que hagan frente a las responsabilidades económicas establecidas en la sentencia, que incluyen tanto sanciones individuales como cantidades derivadas de los beneficios obtenidos mediante el delito de cohecho.
El Supremo establece una multa de 52.000 euros para José Luis Ábalos, otra de 45.000 euros para Koldo García y una tercera de 75.000 euros para Víctor de Aldama.
A estas cantidades se suma el decomiso de 430.000 euros, importe en el que el tribunal cifró los beneficios procedentes del delito de cohecho por el que fueron condenados Ábalos y Koldo, que cumplen condena en prisión.
El requerimiento forma parte de la ejecución de la sentencia y obliga a los condenados a afrontar las consecuencias económicas fijadas por el tribunal.
Además de las multas y el decomiso, los tres condenados deberán responder conjuntamente, en concepto de responsabilidad civil, por las cantidades abonadas a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, por las empresas públicas Ineco y Tragsa.
En concreto, el Supremo establece una indemnización de 34.000 euros para Ineco y otra de 9.500 euros para Tragsa, correspondientes a los salarios que Rodríguez percibió pese a no acudir a trabajar, según los hechos recogidos en la sentencia.
Estas cantidades se incorporan a las responsabilidades económicas cuya ejecución ha comenzado ahora el Alto Tribunal, que ha fijado un plazo de 15 días para que los condenados atiendan el requerimiento.