El sindicato SUP denuncia al Estado por obligar a los policías a poner dinero "de su bolsillo" para poder trabajar

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia a la Administración General del Estado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la situación que viven miles de agentes en toda España. Según el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, los funcionarios se ven obligados a adelantar de su propio bolsillo los gastos de manutención y alojamiento necesarios para prestar servicio, llegando en algunos casos a desembolsar hasta 3.000 euros por comisión.

Carlos Prieto, secretario nacional de prevención de riesgos laborales del SUP, denuncia que "los policías nacionales estamos hartos de que no se actualice un Real Decreto de dietas que lleva más de 23 años sin ser revisado". Actualmente, los agentes disponen de solo 28 euros para cubrir desayuno, comida y cena, y 48 euros para alojamiento, unas cifras claramente desfasadas según el sindicato, que cifra la pérdida de poder adquisitivo en más del 50% desde 2005.

La situación, denuncian, se ha agravado este verano por la paralización de las cajas pagadoras, ya que Hacienda no ha liberado las partidas presupuestarias correspondientes, lo que ha dejado a los policías sin los anticipos necesarios para cubrir sus gastos. "Nuestros compañeros son prestamistas del Estado. No lo vamos a consentir", afirma Prieto, que reclama al Ministerio de Trabajo que inste a Hacienda a desbloquear los fondos.

Riesgos para la salud física y mental

En su denuncia, el SUP también alerta del impacto en la salud de los agentes. Consideran que la situación genera riesgos psicosociales graves que no han sido evaluados ni prevenidos por la Administración, lo que vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre las consecuencias destacan trastornos gastrointestinales, hipertensión, cefaleas, así como ansiedad, baja autoestima y deterioro del rendimiento profesional.

Además, el sindicato subraya las repercusiones en la vida familiar y personal de los policías, que sufren estrés parental, conflictos conyugales y aislamiento social debido a las limitaciones económicas.

Junto a esta denuncia ante la Inspección de Trabajo, el SUP ha trasladado también los hechos al Defensor del Pueblo, ha enviado un escrito al Ministerio de Hacienda exigiendo la liberación inmediata de fondos, y ha pedido amparo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De no haber respuesta, el sindicato estudia emprender medidas legales "de manera inminente".