Sánchez cumple las dos promesas de su legislatura: la reforma de los medios y del poder judicial

Pedro Sánchez ha cumplido dos de las promesas más significativas de su legislatura: la reforma de los medios de comunicación y la transformación del poder judicial. Medidas que han levantado profundas críticas en sectores de la oposición, pero que son defendidas con vehemencia por el Ejecutivo entre su lucha contra los ya archiconocidos "bulos".

Reforma de los medios

Bajo el marco del Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno ha impulsado reformas con las que buscan según dice el texto, la transparencia, pluralidad y responsabilidad en los medios de comunicación, alineándose con las recomendaciones del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

• Registro de medios y transparencia financiera: Creación de un registro público para conocer la propiedad de los medios, su financiación y la inversión publicitaria recibida por parte de las administraciones públicas.
• Leyes contra la concentración mediática: Reformas normativas para evitar que el poder informativo se concentre en pocas manos, garantizando un ecosistema plural y diverso.
• Protección a periodistas: La transposición refuerza la defensa de los profesionales de la información frente a demandas abusivas, y la nueva Ley de Secreto Profesional protege la confidencialidad de sus fuentes.
• Lucha contra la desinformación: El Gobierno ha establecido una Estrategia Nacional para combatir campañas de desinformación, reforzando así la calidad del debate público.

Reforma del poder judicial

En paralelo, la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, liderada por el portavoz socialista Patxi López, ha marcado un antes y un después en la relación entre política y justicia. La norma plantea cuatro pilares esenciales:

• Regulación de las acusaciones populares: Para evitar su uso como herramienta política, se limita su papel a la fase de juicio oral y se exige un vínculo relevante con el interés público. Asimismo, partidos políticos y asociaciones afines quedan excluidos de ejercer esta figura.
• Supresión del delito de ofensa religiosa: Eliminar este artículo del Código Penal moderniza el marco legal español, alineándolo con estándares europeos.
• Restricciones a querellas sin fundamento: Las causas basadas únicamente en recortes de prensa sin indicios sólidos ya no podrán prosperar, combatiendo así el abuso judicial con fines mediáticos.
• Imparcialidad judicial: Se incluye una nueva causa de recusación para jueces que hayan realizado declaraciones públicas sobre partidos o entidades implicadas en un caso, reforzando la neutralidad del poder judicial.

Ambas reformas responden, según el Gobierno, la creciente demanda europea de proteger las democracias frente a amenazas como la desinformación y el abuso judicial.