Última hora sobre el registro de la sede del PSOE en Ferraz, todas las reacciones
Madrid |
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz en el marco de una operación autorizada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Esta actuación forma parte de una investigación del 'caso Leire', un operativo que tiene como objetivo la recogida de abundante documentación la cual reclama la Fiscalía Anticorrupción. Esta causa sitúa, además, en el centro de la investigación a la exsocialista Leire Díez, apodada como 'la fontanera'.
Las investigaciones judiciales se centran en el rastreo de supuestas adjudicaciones irregulares y contratos amañados de diversas empresas públicas de la SEPI. Mientras mandos de la UCO apuntan a que los indicios señalan un presunto delito de financiación ilegal, fuentes jurídicas descartan por ahora que existan dichos indicios de ese delito. Además del registro en Ferraz, la Guardia Civil está llevando a cabo otros registros en los domicilios implicados en la trama, lo que hace demuestra la magnitud de esta operación que amenaza con sacudir al Gobierno.
En este sentido, fuentes jurídicas han confirmado a Onda Cero que estos requerimientos responden a una ampliación del 'caso Leire' tras la aparición de nuevos hechos que afectan directamente al PSOE. Según estas informaciones, la trama habría utilizado la 'fontanería' de Leire Díez para limpiar causas judiciales que salpican a los socialistas. Además, los indicios recabados por Onda Cero apuntan a que se sobornaban a personas con dinero negro que salía presunta y directamente de la Secretaría de Organización y que utilizaban empresas para emitir facturas falsas por trabajos ficticios.
La investigación que lidera el juez Pedraz apunta a que Leire Díez no actuaba sola, sino que formaba parte de un estrecho círculo de influencias con conexiones socialistas. Junto a ella figuran otros investigados como Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el constructor Antxon Alonso, propietario de la entidad Servinabar. La UCO apunta a que Antxon Alonso, quien además es amigo y socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se habría beneficiado de esta trama para cobros de comisiones ilegales a cambio de contratas públicas.
La gravedad del asunto ha provocado que el juez ordene también registros domiciliarios a figuras vinculadas al partido socialista, como el propio Santos Cerdán, el exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías (quien ya fue imputado en 2016 por el caso de los ERE en Andalucía) y el empresario Javier Pérez Dolset. Todo ello con el fin de determinar el alcance real y el destino de los presuntos desvíos millonarios.