Centro de datos

Qué regula el polémico decreto de centro de datos aprobado por el Gobierno: PP y patronal recurrirán la normativa

El Consejo de Ministros ha sacado adelante una medida muy polémica dentro del sector. Tanto PP como la patronal han anunciado que recurrirán la normativa judicialmente al considerar que impone condiciones de imposible cumplimiento.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Qué regula el polémico decreto de centro de datos aprobado por el Gobierno: PP y patronal recurrirán la normativa | EFE/Javier Cebollada

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado el real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos. Se trata de una medida que ha generado controversia dentro del sector, hasta el punto que el PP ha asegurado que lo derogará si llega al Gobierno y la patronal del sector, Spain DC, lo recurrirá y pedirá su suspensión cautelar.

De esta manera, el Ministerio de Transición Ecológica ha logrado sacar adelante dos de los puntos pendientes en su agenda y cumplir con sus propios compromisos a una semana del 29-N.

Y es que al tratarse de reales decretos, estos no deberán pasar por la Diputación Permanente, por lo que su entrada en vigor se producirá cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Qué regula el decreto de centro de datos

La norma obliga a las instalaciones de 10 MW o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. Quien no lo acredite a tiempo podrá perder el acceso a la red.

En concreto, el decreto fija que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80% de energía renovable con "correlación horaria", hasta que las renovables representen más del 90 % del 'mix' eléctrico nacional.

Asimismo, según ha explicado la ministra Aagesen, se establece que estos centros de datos tengan que disponer de etiqueta A, cuyos requisitos son fijados por la Unión Europea, en el consumo de agua; mientras que en el caso de la eficiencia energética la etiqueta dependerá de la región.

Por otro lado, el decreto contará también con "un régimen transitorio" opcional porque entienden que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades" y que, en el momento de posible tensión de la red "serían desconectados" porque "lo más importante es el interés general".

Además, la norma establece requisitos de soberanía digital para los sistemas de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad y, entre otras garantías, según explica el Ministerio, se exigirá la permanencia de los datos más sensibles en el espacio económico europeo.

La patronal lo recurrirá y pedirá la suspensión

Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el Real Decreto y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España y que ponen en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial hasta 2030.

"Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, ha afirmado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

También ha criticado que esta regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas, todo ello pese a las reiteradas advertencias del sector y de organismos como la CNMC y sin que Aagesen se haya reunido ni una sola vez con esta asociación.

Todo dependerá de lo que ocurra el 29N

Aunque la medida entrará en vigor previsiblemente antes de este lunes, todo se decidirá el 29N. Lo que ocurra el día de las elecciones determinará la vigencia de la regulación. El Partido Popular ha avanzado que derogará el real decreto al considerar que prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos, lo que implica que España "quede aislada del resto del mundo" y de la revolución tecnológica, tal y como ha explicado en X el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, Alberto Nadal.

Por otro lado, varias autonomías, entre ellas Madrid o Aragón, han anunciado que la recurrirán, mientras que la asociación 'Multinacionales con España', que agrupa a más de 50 empresas de capital extranjero en el país, ha valorado positivamente que el Gobierno haya incorporado modificaciones que atienden algunas de las preocupaciones trasladadas por el sector.

No obstante, consideran que la exigencia de respaldar el 80% del consumo eléctrico con generación renovable y cumplir criterios de correlación horaria puede plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida.