Madrid |
Las imágenes del trágico naufragio en las costas de El Hierro que se llevó consigo la vida de cuatro mujeres y tres niñas todavía continúan en nuestras retinas. Se trata de un episodio trágico más en la situación límite que viven los miles de migrantes que llegan a las Islas Canarias. Precisamente en la vista de este jueves en el Tribunal Supremo que se celebraba con motivo de la situación de los migrantes en las islas, el Gobierno admitió que no ha atendido a ninguno de los mil menores solicitantes de asilo que continúan en el archipiélago.
Preguntados por la cuestión, los responsables de los ministerios de Interior y de Migraciones se lanzaron la pelota el uno al otro, para que la Abogacía del Estado reconociese finalmente que no han podido ni tan siquiera evaluar individualmente a ninguno de los menores. Hace dos meses el Tribunal Supremo le dio un plazo de diez días al Ejecutivo para que resolviera la situación de los menores.
El Ejecutivo se escuda en que no existen recursos disponibles para atender a los menores porque los centros de acogida solo están acondicionados para adultos, por lo que, por ahora, para las mil plazas que se necesitaría solo han logrado asegurar 45. Para defenderse culpa al gobierno canario de falta de colaboración. Sin embargo, se da la circunstancia de que no fue hasta unas horas antes de la vista del jueves cuando el Ejecutivo envió al gobierno de las islas el borrador de nuevo protocolo de colaboración.
El gobierno canario, por su parte, acusa al ejecutivo central de querer dilatar los tiempos. Y denuncia que no tiene voluntad de cumplir ni con el auto, ni con Canarias, ni con los menores.
Carlos Alsina ha preguntado por esta situación al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, cuya compañera de partido, Sira Riego, ostenta la cartera del Ministerio de Infancia. "El ministerio está elaborando el plan" ha afirmado Maíllo, ha achacado el retraso en la solución de la crisis a los escollos que están poniendo los Gobiernos autonómicos "tanto del Partido Popular como del socialista".
"Sería injusto decir que un Gobierno cuya acción está siendo bloqueada activamente por los gobiernos autonómicos sea el responsable de ese propio bloqueo" ha afirmado, para terminar sentenciando que "todas las administraciones tiene que colaborar".