Lo que se juzga en el caso 'Kitchen': la cúpula de Interior de Rajoy se sienta en el banquillo por el espionaje a Bárcenas

La Audiencia Nacional ha dado inicio al juicio del caso Kitchen, bautizado así por los investigadores en alusión a la expresión que alude a cocinar algo entre bastidores y más en el terreno porque la operación quería llegar hasta la cocina de Bárcenas.

En el banquillo se sientan diez acusados, incluidos altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por haber montado presuntamente una operación policial ilegal para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, y sustraerle documentación comprometedora para la formación conservadora. El proceso se extenderá durante aproximadamente tres meses.

Quiénes se sientan en el banquillo

El acusado de mayor rango es Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, que se convierte así en el segundo exministro del Interior en afrontar un juicio en democracia. Fernández Díaz ha ocupado el primer lugar de la primera fila de la sala, con sembalante serio y tranquilo. Separado de él por apenas una silla, ocupada por una mochila y una libreta, se encuentra Francisco Martínez, quien fue su secretario de Estado de Seguridad y, por tanto, su hombre de máxima confianza en aquella etapa.

Lo que en su día fue una relación de estrecha colaboración derivó con el tiempo en una rivalidad abierta y acusaciones cruzadas entre ambos, que llegaron a protagonizar un tenso careo durante la fase de instrucción.

También figura entre los acusados Sergio Ríos, el agente policial que fue captado para ejercer de chófer de Bárcenas y cuya colaboración resultó clave en la operación. Sus servicios fueron remunerados con cerca de 50.000 euros procedentes de fondos reservados del Estado.

Qué se investigó y cómo se descubrió

Los hechos que se juzgan se remontan a 2013, un año especialmente turbulento para el Partido Popular. Ese ejercicio arrancó con la revelación de la cuenta que Bárcenas mantenía en Suiza, donde acumulaba 22 millones de euros, y el extesorero, que cumplía prisión preventiva, no tardó en lanzar amenazas veladas asegurando que conservaba documentación comprometedora para el partido.

Fue en ese contexto cuando, según la acusación, diversos mandos policiales pusieron en marcha la operación Kitchen: una iniciativa sin control judicial cuyo objetivo era vigilar a Bárcenas y hacerse con esos documentos antes de que pudieran causar daño político al PP. Para ello, llegaron a clonar dispositivos electrónicos que el extesorero guardaba en un almacén propiedad de su esposa.

La trama no salió a la luz hasta 2018, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en plena investigación del caso Villarejo —el comisario jubilado José Manuel Villarejo fue uno de los artífices de la operación—, descubrió que cinco años antes se había ejecutado ese operativo clandestino. A partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor Manuel García Castellón fueron desvelando una trama cuyo epicentro se situaba en el propio Ministerio del Interior.

Las versiones enfrentadas

Fernández Díaz ha negado sistemáticamente tener conocimiento alguno de la operación. Su postura es que, de existir, se montó sin su autorización ni su conocimiento. Francisco Martínez, por su parte, siempre ha sostenido que se trató de una operación legal, pero fue él quien llevó ante notario los mensajes que había intercambiado con su entonces superior, entre los que destacaba uno especialmente revelador: "La operación se hizo con éxito", escribió Martínez a Fernández Díaz tras el clonado de los dispositivos de Bárcenas.

Esa frase se ha convertido en uno de los elementos centrales del caso y en el principal argumento de la acusación para vincular al exministro con los hechos, pese a sus negaciones.

Las cuestiones previas: la defensa pide la nulidad

La primera jornada del juicio estuvo marcada por las cuestiones previas planteadas por las defensas. Tanto Fernández Díaz como Martínez, a través de sus respectivos abogados, solicitaron la nulidad de las actuaciones y denunciaron indefensión, un movimiento habitual al inicio de macrojuicios de esta naturaleza y que, de prosperar, podría condicionar el desarrollo del proceso. El tribunal deberá resolver estas peticiones antes de entrar en el fondo del asunto.